Málaga Acoge acompaña a personas en el acceso a la vivienda

Cada vez es más difícil acceder a una vivienda de alquiler en Málaga. Los precios son desorbitados y existe la reticencia de los propietarios a rentar a familias con hijos. Además, los requisitos exigidos al arrendatario son, en muchos casos, inviables. Hay muchos casos de abusos y las que salen peor paradas son personas en riesgo de exclusión, en especial, migrantes. Lo sabe bien Carmen Pérez, trabajadora social de nuestro programa de Vivienda en Málaga, dirigido principalmente a personas migrantes pero sin limitar la atención a otros colectivos.

«Las dificultades de acceso a la vivienda son a grandes rasgos parecidas para todos, la problemática afecta a todo el mundo, no sólo a la población inmigrante. Pero, evidentemente, la persona migrante  tiene dificultades añadidas a las que pueda tener el resto de la población al contar con menos redes sociales de apoyo», explica Carmen.

A través del programa de Vivienda, este año, 43 personas -33 mujeres y 10 hombres- recibieron apoyo  de Málaga Acoge hasta agosto en las distintas sedes de Málaga, Fuengirola, Antequera y Axarquía. Se trata de un proyecto de acompañamiento y mediación en el acceso a la vivienda en las que se atienden situaciones de posible pérdida y también y se contribuye a la mejora de la habitabilidad.

La gran mayoría de la población a la que apoyamos con este proyecto está en riesgo de exclusión social. Muchas de estas personas tienen solicitadas y concedidas las ayudas que contempla el Plan de Ayuda al Alquiler que brinda el Ayuntamiento de Málaga y que prevé un máximo de 550 euros para hacer frente al alquiler mensual el primer año. .

«Acompañamos a familias monoparentales o completas con hijos y también a personas en edad avanzada y  casi todas sufren situaciones de riesgo social grave», alerta. Entre las familias que atendemos hay personas que padecen cáncer,  una mujer víctima de violencia de género, sola con sus dos hijos, que se enfrenta a un desahucio o un matrimonio de más de 60 años, ambos también enfermos. 

A la hora de alquilar una vivienda «se juega con la vulnerabilidad de la gente», advierte Carmen, quien denuncia timos e historias abusivas como la petición de fianzas de seis meses y las subidas excesivas de la cuantía del alquiler al cumplirse el año de contrato. Te puedes encontrar con viviendas que cuestan 550 euros pidiendo una nómina de 1.500. Además, ante los abusos, la denuncia es muy complicada. 

Es un hecho, además, que existe rechazo hacia las personas migrantes a la hora de alquilar una vivienda. Hay personas que contactan a través de páginas web o redes sociales con los arrendatarios y en el momento en el que saben la nacionalidad dicen claramente que no o quedan en llamar y no lo vuelven a hacer. 

Ante estas dificultades, el parque de vivienda pública es escaso: «Prácticamente no se puede contar con él porque salen pocas viviendas al año y lo hacen por sorteo al ser el número de familias en situación de exclusión social muy numeroso. Hay personas que lleva solicitando desde 2012 o 2013». 

Por otro lado, hay más de 1.000 familias en Málaga en riesgo de exclusión social con la ayuda concedida por el Ayuntamiento pero que aún no han encontrado aún una vivienda de alquiler. Carmen considera que se trata de una situación «grave» que paraliza el acompañamiento que otros profesionales que intervienen con estas personas en el plano laboral o jurídico. 

¿Y si la persona encuentra trabajo, pero no tiene dónde vivir? ¿Y si tiene posibilidad de regularizar su situación pero no cuenta con un techo?  «La vivienda constituye un pieza imprescindible y fundamental para abordar cualquier aspecto de una familia en riesgo de exclusión. Tenemos niños y niñas de familias con esta problemática que están teniendo malos resultados escolares al vivir estas situaciones junto a sus padres».

Conocemos el caso de una mujer con dos hijos que destina el 80 por ciento de su sueldo a pagar un alquiler de 800 euros, cuando el pago de la renta del alquiler debe ser el 30 por ciento del salario. Por otro lado, el miedo a perder la casa les empuja en ocasiones a «aceptar trabajos en los que se vulneran sus derechos porque tienen la necesidad de pagar».

Ante estas situaciones «las entidades sociales ponemos un parche, atendemos, asesoramos y acompañamos, pero no tenemos la capacidad de ofrecer una vivienda a estas personas que la necesitan», reconoce Carmen, que valora las reuniones mensuales del Sindicato de Inquilinos en las que acompañamos a personas usuarias y en donde pueden recibir apoyo jurídico. 

Actualmente estamos apoyando directamente a una decena de personas con la colaboración de varios voluntarios del programa como Luis y Mario y tenemos entre nuestros planes organizar una formación sobre los derechos del inquilino «porque la gente abusa del desconocimiento».

En cuanto a posibles soluciones a esta problemática, la regulación del alquiler del turístico y de los precios de la vivienda, así como la ampliación del parque de vivienda social contribuirían a  paliar la situación, según Carmen.

«Hay familias que necesitan una casa para poder salir adelante y si la tuvieran tendrían capacidad para ir solventando el resto de problemas que tienen».

El proyecto «Acceso a la vivienda y al alojamiento de personas inmigrantes, trabajadores y trabajadoras agrícolas y personas sin hogar en el proceso de su inclusión efectiva» es una iniciativa de Málaga Acoge, en el marco de la federación Andalucía Acoge, subvencionado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

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