La abogada de Coordinadora de Barrios, Patricia (Patuca) Fernández, propone crear un pacto colectivo contra el Pacto Europeo de Migración y Asilo, una legislación que, a su juicio, supone un retroceso y cercena los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Fernández, que participó en el Foro Retos del Pacto Europeo de Migración Asilo, organizado el 7 de junio por la Plataforma de Solidaridad con los y las Inmigrantes, fue contundente al afirmar que se trata de «un pacto del horror contra la movilidad humana, un pacto antiimigración».
En una entrevista con Málaga Acoge, Fernández explicó que el pacto europeo, que entró en vigor el junio y se tendrá que aplicar en 2026 en los distintos países, afecta a las personas migrantes y refugiadas al establecer procedimientos acelerados para la denegación de la protección internacional, de retorno, generaliza el internamiento de personas solicitantes de protección internacional y las medidas restrictivas de derechos para controlar su movilidad: «A partir de ahora será posible que las personas no puedan salir de Canarias, Ceuta o Melilla o tengan limitada su movilidad al territorio de Andalucía, por ejemplo», apuntó al tiempo que denunció que «todas estas posibilidades vulneran derechos y van afectar extraordinariamente a su inclusión social y a la posibilidad de establecer lazos aumentando la criminalización de las personas migrantes y el deterioro de la convivencia».
Durante su intervención en el foro, en que también participó Alberto Ares, director del Servicio Jesuita a Refugiados de Europa, aseguró que la «movilidad humana no es sólo una realidad sino que es un derecho humano». Echó la vista atrás para recordar la solidaridad que despertó las imágenes de Aylan Kurdi, el niño sirio de origen kurdo de 3 años que apareció muerto a las orillas del Mar Egeo en 2015, «y cómo esa solidaridad se ha ido desvaneciendo hasta llegar a este pacto europeo» que supone una remodelación integral del sistema de protección internacional.
En su opinión, esta legislación busca la homogeneización absoluta de la gestión de las fronteras y no incluye en los nueve reglamentos y una directiva que contiene ninguna medida para que la migración se realice de forma segura: «Es un pacto que niega el derecho a migrar de forma segura y libre de violencia, que niega el derecho a una sepultura digna porque no permite la individualización».
La abogada explicó los cambios principales que introduce el pacto: «Hemos pasado de un modelo de acogida sensato, con criterios de inclusión, a un modelo racista -de grandes campamentos donde se hacinan personas- que ejerce un efecto perverso en el imaginario colectivo». Por eso, hizo un llamamiento a la sociedad civil para que esté vigilante en el respeto de los derechos humanos enla aplicación del pacto europeo de migración y en la gestión diaria de las fronteras.
«Es el momento de la creatividad y de la desobediencia, de repensar modos de actuar, de reaprender otras formas de luchar», reivindicó, convencida de que sólo habrá paz social si hay justicia social.
«Habría que inundar los espacios en los que estamos de un discurso de acogida. Hay que hacerle frente a los discursos del odio y las expresiones racistas y discriminatorias, estar vigilantes en los ámbitos profesionales para realmente construir alternativas específicas», conminó en sus palabras a Málaga Acoge.
Recomendó también «ser muy proactivos en el acompañamiento de las personas que se vean limitadas en el ejercicio de sus derechos, para se sientan acompañadas y tengan mecanismos de restauración, accesibilidad a abogados, etc». Asimismo, llamó a «construir espacios asamblearios donde la voz la tengan las personas en movilidad«. Para Patuca, «hay que llenar las calles, hay que oponerse a legislaciones que puedan tener la tentación de implementar un pacto restrictivo de derechos».
Propuso promover «sinergias y espacios de encuentro con el mundo educativo y empresarial, sectores que habitualmente no tocamos» y señaló que las personas migrantes tienen que ser agentes de derechos para otras compañeras. Es importante también, en su opinión, tejer redes transfronterizas, que comprendamos qué está pasando al otro lado de la frontera para monitorear derechos.
Durante la entrevista expresó su gran preocupación por la dificultad de acceso al derecho al padrón municipal que tienen las personas extranjeras. «En Burgos, en Barcelona, en Madrid, cada vez en más sitios se está restringiendo este derecho», observó.
Según Fernández, » la legislación que tenemos en España en materia de protección internacional es extraordinariamente limitada y eso ha permitido que se consoliden prácticas alegales restrictivas de derechos y el pacto lo que va a hacer es incorporarlas como legales·».
Por eso, concluyó, «hay que tomar las instituciones, reconstruir la Europa de los derechos porque la estamos perdiendo».
Durante su intervención, Alberto Ares coincidió con Fernández al afirmar que «la implementación del pacto va a ser un absoluto desastre» y que la decisión de detener a quien llega a nuestras fronteras con medidas coercitivas lo único que va a traer es «mas sufrimiento».
Compartimos el vídeo íntegro del foro aquí:
