Las fronteras de la ley

Dejamos aquí el artículo de la columna ‘Málaga Solidaria’ publicado en La Opinión de Málaga y firmado por José Luis Rodríguez Candela, abogado voluntarido de Málaga Acoge y coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge. Puedes encontrarlo en su ubicación original aquí.

El Estado debe cumplir la Ley. Esta frase es una obviedad pero, a veces, no lo parece tanto. La afirmación es comprensible porque si el Estado acuerda unas normas de obligado cumplimiento, tiene que ser el primero en practicarlas. Y debe dar ejemplo. Otra obviedad que, desgraciadamente, parece necesario recordar en demasiadas ocasiones. Por eso es tan importante luchar por los derechos de las personas inmigrantes y refugiadas que intentan llegar a nuestro país: porque es necesario actuar siempre conforme a la legislación nacional e internacional. Porque esquivar la Ley no debería una práctica habitual de nuestro Gobierno. Ahora lo es pero, insistimos, no debería serlo.

Las constantes devoluciones ilegales de personas en la frontera de Melilla, los malos tratos que muestran algunos vídeos y la repetida actuación al margen de la legalidad son la base de la querella interpuesta desde Andalucía Acoge –entre otras organizaciones– a partir de un vídeo grabado en el que se aprecia como fuerzas auxiliares marroquíes, dentro de territorio español, apalean a una persona inmigrante, cómo inmigrantes que ya han traspasado las tres vallas son devueltos de forma inmediata al margen de la Ley de Extranjería y cómo otro inmigrante es bajado de la valla con violencia y trasladado a Marruecos previsiblemente inconsciente. El juez ha aceptado a abrir diligencias por algo que también parece muy obvio: quiere conocer la verdad, investigar y, en su caso, dilucidar quién o quiénes son los responsables de comportamientos presuntamente delictivos en los que hayan podido incurrir la Guardia Civil en la frontera de Melilla.

Cuando una persona comete presuntamente un delito –y más si es en el ejercicio de la autoridad que tiene conferida– debe ser puesta a disposición judicial. Y si hay personas inmigrantes que hayan podido cometer presuntos hechos delictivos contra la Guarida Civil, no procede devolverlos si no ser puestos a disposición del juez. Por eso no es excusa, como hace el gobierno, decir que las personas inmigrantes atacan a la Guardia Civil: si eso es así, que sean detenidas y puestas a disposición del juez; lo contrario sería un delito por la omisión del deber de perseguir delitos que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La obligación del cumplimiento de la Ley debe ser para todos y todas. Por eso denunciamos las llamadas devoluciones en caliente. La asistencia letrada obligatoria del art. 22 de la Ley de Extranjería, sirve para controlar que no existan menores, víctimas de trata, determinar si las personas son beneficiarias de protección internacional? Es una garantía para todas las personas. Y si una persona no es beneficiaria de ningún tipo de protección, ahora sí, procede abrir un expediente de devolución e iniciar un procedimiento individualizado que garantice que la actuación se realiza conforme a la legalidad, no como ocurre actualmente. Sin embargo, el Gobierno ha optado por la solución más demagógica y menos ajustada a nuestro derecho: continuar con las devoluciones en caliente, legalizando lo injustificable a través de una enmienda en la Ley de Seguridad Ciudadana, a pesar de ser ir contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las expulsiones colectivas en su protocolo IV.

Y mientras la investigación por los hechos de Melilla continúa, también sigue adelante la actuación judicial relativa al fallecimiento de 15 personas inmigrantes cuando intentaban llegar a Ceuta. Hasta 16 agentes de la Guardia Civil están imputados por ello y confiamos en que lo sucedido se esclarezca totalmente. Porque, de nuevo, es obvio que la muerte de 15 personas debería conllevar, en un estado de derecho como el nuestro, algún tipo de responsabilidad para la persona o personas que tomaron las decisiones que desembocaron en estos trágicos acontecimientos.

Lejos de haber servido de precedente para cambiar las prácticas de control de nuestra Frontera Sur, estos graves acontecimientos han servido para que el Gobierno se enroque aún más en una posición absurda. Mal que le pese al Ministro de Interior, afortunadamente, los tiempos de la «ley de la frontera» han desaparecido: ahora, todos –y el Gobierno también– debemos actuar de acuerdo a los derechos de las personas reconocidos en la legislación nacional e internacional.

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