La vivienda como derecho

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Comunicado de la Plataforma de Solidaridad con los y las Inmigrantes de Málaga por el Día Internacional de las Personas Migrantes:

En la actualidad, asistimos a un gravísimo problema de acceso a la vivienda que afecta a toda la población y, especialmente, a los colectivos más vulnerables. En la ciudad de Málaga, algunas fuentes sitúan en más del 20 % el porcentaje de población en situación de vulnerabilidad social, con una renta familiar inferior al 80 % de la renta española 1. Al mismo tiempo, Málaga lleva siendo desde hace unos años una de las capitales españolas que presenta un mayor problema de acceso a la vivienda, un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución, art. 47 y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, art. 25. En este sentido, Caritas ya señaló esta situación en Málaga en la reciente campaña de 2022, “Fuera de cobertura”, con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, en la que advertía de que más de 130 personas duermen diariamente en las calles de nuestra ciudad, con un número creciente de mujeres y personas mayores entre las personas sin hogar.

Gentrificación

El hecho de que Málaga se haya convertido en un centro de gran atractivo turístico ha contribuido de forma muy negativa al empeoramiento de esta situación. Como consecuencia de ello, se ha fomentado la proliferación de viviendas de uso turístico. Entre 2019 y 2021, las plazas de viviendas de uso turístico en Málaga capital se han incrementado un 92,53 % (hasta alcanzar las 34.945). Esto como señala el Observatorio de Medio Ambiente Urbano Ayuntamiento de Málaga (OMAU) ,es consecuencia de un proceso de gentrificación que asola la ciudad de Málaga y supone la expulsión de la población residente, sorprendentemente en zonas en las que, previamente, con fondos FEDER de la UE se habían realizado actuaciones de renovación urbana.

De este modo, los fondos públicos que deberían servir para fomentar la cohesión social de zonas degradadas han terminado contribuyendo a la expulsión de la población residente a la que se pretendía apoyar. A esto se añade una inversión inmobiliaria de alto standing (muchas de las actuales promociones de viviendas han sido adquiridas directamente por fondos de inversión); estos factores junto con la desacertada e intolerable política urbanística y de vivienda que ha venido llevando a cabo tanto la Junta de Andalucía como los Ayuntamientos con mayor número de habitantes de la provincia, han generado esta gravísima situación, con especial impacto en el centro histórico de Málaga, con un proceso de gentrificación en la que han sido expulsados los vecinos y vecinas de sus lugares habituales de residencia en aras de la especulación inmobiliaria, utilizando técnicas de acoso y mobbing inmobiliario con ejemplos tan evidentes y de no retorno como el Centro Histórico de la ciudad, las barriadas del Perchel y de Santa Julia, entre otras.

A esto se añade también la ausencia de políticas públicas dirigidas a la construcción de viviendas en régimen de alquiler social por parte de la administración autonómica, en una situación en la que las condiciones para acceder a la compra de una vivienda de VPO son inalcanzables para una gran mayoría de malagueños y malagueñas. En definitiva, la Málaga exclusiva y excluyente en la que se ha convertido nuestra ciudad y gran parte de nuestra provincia, en la que los intereses especulativos, junto con las políticas especulativas han priorizado la agenda frente a los intereses de la sociedad, hacen que la situación sea realmente insostenible.

Como prueba de ello, señalar que el precio del m2 de la vivienda de alquiler en Málaga capital ha aumentado un 35 %, un 39,8 % en la provincia y un 27,9 % a nivel Autonómico, (periodo 2010-2022), siendo la provincia de España que ha experimentado un mayor crecimiento del precio y a un ritmo vertiginoso. Sólo en lo que llevamos de año, el precio del m2 de alquiler ha aumentado casi un 17 % con respecto al 2021 2 . Para hacer frente al precio del alquiler de una vivienda de 75 m2 en Málaga, teniendo en cuenta que el coste del m2 está en torno a los 11,4 € m2 (dependiendo del distrito), el coste ascendería a unos 855 €; teniendo en cuenta que lo aconsejable es no destinar más de un 30 % del salario a los gastos de vivienda, tendríamos que disponer de un salario de 2.850 €/mes para cubrir los gastos y satisfacer nuestras necesidades de la vida diaria.

En cuanto a la vivienda libre, el precio de compra del m2 ha venido siendo muy superior en la provincia de Málaga con respecto a Andalucía y a los datos nacionales. En octubre de este año, el precio del m2 se ha situado en 2.775€, un 46,68% más que los datos que manejábamos en el año 2014 donde el m2 se situaba en 1.479,63€. Si a esto le unimos la precariedad del mercado laboral en la provincia de Málaga (con unos salarios por debajo de la media nacional: 16.946€ datos del 2020 frente a los 20.503 € a nivel nacional) y especialmente dependiente del sector turístico, nos encontramos con un panorama en el que numerosas familias tienen dificultades para afrontar el pago de las hipotecas, así como una sociedad que ve como la mayoría de sus jóvenes que se incorpora muy tardíamente al mercado laboral, no pueden emprender un proyecto de vida que pase por la emancipación residencial.

Nuestras reivindicaciones como Plataforma son:

1. Acabar con las políticas especulativas, y la consideración de la vivienda como una mercancía o un bien de inversión, para que los ciudadanos y ciudadanas sean el centro de las prioridades, partiendo del derecho de todas las personas a una vivienda digna, tal y
   como establece nuestra Constitución en su art. 47.
2. Prestar especial atención a los colectivos más vulnerables que se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, como familias vulnerables, personas enfermas o migrantes y refugiados que sufren en mayor medida dificultades para encontrar una vivienda en alquiler por la precariedad y los prejuicios sociales.
3. Garantizar una alternativa habitacional a aquellas familias que se encuentran desahuciadas y están en situación de máxima vulnerabilidad.
4. Cuantificar y dar uso a las más de 120.000 viviendas vacías que hay en la provincia de Málaga y que en su mayoría pertenecen a bancos o fondos de inversión.
5. Financiación en Políticas Públicas de Vivienda en régimen de alquiler social para dar salida a las más de 40.000 solicitudes que demandan vivienda en los Registros Municipales de los ayuntamientos de la Provincia.
6. Exigir a las administraciones que intervengan el mercado de vivienda y limiten por ley el precio de los alquileres, que hace inaccesible la vivienda para los más vulnerables: personas trabajadoras, jóvenes, migrantes, personas con discapacidad, mujeres…
7. Promover que las viviendas que se construyan sean viviendas públicas, siempre destinadas a alquiler (para evitar el enorme daño medioambiental que supone la construcción descontrolada, mientras miles de viviendas permanecen vacías…).
8. Poner límite a las viviendas turísticas, permitiéndose únicamente la categoría de AP (Apartamentos turísticos) con todos los requisitos legales y tributarios.
9. Poner en marcha un servicio de acompañamiento y mediación para el acceso a la vivienda de los más desprotegidos, facilitando el empadronamiento de migrantes y refugiados con distintas fórmulas ante las dificultades para encontrar vivienda estable.

10. Puesta en marcha de una mesa de negociación multidisciplinar, ante la complejidad y dificultades para afrontar el problema de la vivienda en Málaga.

Dificultades para el acceso a la vivienda de la población migrante y refugiada en Málaga:
(Datos encuesta 2022 a usuarios y de atenciones en organizaciones.)

1. El 90,5 % de la población afirma haber tenido dificultades para encontrar una vivienda
2. El 45 % de las personas encuestadas afirman haberse sentido discriminadas a la hora de acceder a una vivienda debido a su nacionalidad.
3. Al 35,7% de las personas encuestadas le han solicitado presentar una nómina con contrato indefinido o más de un año de antigüedad para poder acceder a una vivienda en alquiler.
4. Sólo en un 11,9 % de los casos se aceptaba una nómina con menos de 6 meses de antigüedad
5. El 45,24 % de las personas encuestadas se les exigía una fianza de 1 o 2 meses. Al 25 % (1 de cada 4 encuestados) se le exigían entre 3 y 5 meses de fianza. A un 16,67 % de los encuestados se les exigió como requisito para acceder al alquiler 6 meses o más de fianza.
6. Sólo un 33,15% de las personas atendidas disponía de un domicilio estable (apartamento o piso propio o en alquiler) (datos de personas atendidas por Médicos del Mundo durante 2022)
7. Un 14,05 % de las personas atendidas viven en una habitación en alquiler (en un piso compartido con más habitación alquiladas) (datos de personas atendidas por Médicos del Mundo durante 2022)
8. Un 65,16 % (dos de cada tres) de las personas atendidas no tienen domicilio estable: viven en una habitación compartida, en situación de calle, alojados por amigos/familiares o por una organización o institución (datos de personas atendidas por Médicos del Mundo durante 2022)

1 Datos procedentes del informe inmobiliario publicado en junio de 2022 por el OMAU, Observatorio de
Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Málaga)
2 Datos aportados por CCOO Málaga