La ‘lógica’ del ministro del Interior

Artículo de José Luis Rodríguez Candela publicado el 8 de julio de 2009 en la sección La Tribuna de opinión del periódico Málaga Hoy:  

VIENE siendo habitual que menores españoles sean retornados con sus madres al país de origen de la misma, al carecer ésta de residencia legal en España. Ante esta situación el ministro, en comparecencia en el Senado, mantuvo que la actuación de la Policía Nacional en el aeropuerto de Barajas por la que se devuelve a menores españoles en compañía de sus madres extranjeras es totalmente lógica y que va a estudiar, tras la denuncia del Defensor del Pueblo que, entre otras cuestiones, tiene atribuida la misión de supervisar que las actuaciones de las administraciones públicas españolas no vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos, si esa lógica conculca algún fundamento legal. Pero no crean que para adecuar la actuación policial a la ley, sino para cambiar ésta.

Al parecer, permitir entrar en España a los españoles va en contra de la lógica. Curioso concepto de lógica mantenida por el ministro del Interior.

Al objeto de ayudarle en tan ardua tarea, procedemos a recordarle esas leyes que Rubalcaba debe retocar para aplicar su lógica. 1º. Artículo 19 de la Constitución española que reconoce, entre otros, a los españoles el derecho a entrar en España.

2º. Unos cuantos artículos del Código Civil: artículo 110 que obliga al padre y a la madre, aunque no ostenten la patria potestad, a velar por sus hijos y prestarles alimentos, art. 143-2º, que obliga recíprocamente a los ascendientes y descendientes a darse alimentos, art. 154, que impone a los padres el deber de velar por sus hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.

Tampoco está de más recordar que el Tribunal Supremo, en sentencia de 26 de enero de 2005, no parece compartir la lógica del ministro cuando, revocando la expulsión de una ciudadana brasileña, madre de un menor español dijo: «Ni las normas sobre extranjería ni el sólo sentido común pueden admitir que la madre de un español sea una pura extranjera y se la trate como a tal; que el hijo español tenga todos los derechos y su madre no tenga ninguno y que, en consecuencia, pueda expulsarse a la madre de España como una simple extranjera y quede en España el menor con todos sus derechos, pero sólo y separado de su madre».

Quizás quiera cambiar también Rubalcaba la composición del Tribunal Supremo, que le tacha de tener poco sentido común. ¡Si Montesquieu levantara la cabeza…!

Por último, y como quiera que la apelación a la política ¿común? europea en materia de inmigración pudiera ser la excusa perfecta para justificar el atropello de no dejar entrar a un español en España, resulta necesario recordar que la actuación de la Policía española, si impidiese entrar en territorio nacional a un menor de edad, nacional de un país comunitario, que viniese acompañado de su madre extranjera, supondría una vulneración del derecho a la libre circulación comunitaria que ostenta cualquier ciudadano comunitario y el derecho comunitario derivado del que es titular su madre. No olvidemos que España ya ha sido condenada también en varias ocasiones por vulnerar el derecho a la libre circulación comunitaria, pero no demos más pistas al ministro que quizás también quiera cambiar a los miembros del Tribunal de justicia de la Unión Europea

Deberá el ministro, por tanto, y para aplicar su lógica, modificar el tratado de la Unión, pero afortunadamente no tiene ahora las mayorías necesarias para ello.

Esta situación debemos ponerla en relación con el proyecto de reforma de la ley de extranjería que aprobó el Consejo de Ministro hace unos días, en donde se refuerzan las sanciones para quienes inviten a extranjeros a venir a España y luego éstos no regresen, las restricciones a la reagrupación familiar de los ascendientes de los extranjeros residentes legales, la ampliación del plazo de los internamientos para los extranjeros que van a ser expulsados, la eliminación del derecho a la educación para los mayores de 18 años que el Tribunal Constitucional hace dos años reconoció y las restricciones al derecho de defensa, limitando las posibilidades para que estos pueden acudir a los tribunales para defender sus derechos ante resoluciones de la administración.

Es lógico, señor ministro, si alguna ley le ha dado algún revolcón, cámbiela. Así acabará con el poder soberano de la misma.

(*) José Luis Rodríguez Candela es responsable del equipo jurídico de la Federación Andalucía Acoge.

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