La inmigración, termómetro de nuestros derechos

Dejamos aquí el artículo de la columna ‘Málaga Solidaria’ publicado en La Opinión de Málaga y firmado por Adela Jiménez, presidenta de Málaga Acoge. Lo podéis encontrar en su ubicación original aquí.

Hace una semana España pasaba, con más pena que gloria, un examen internacional del que apenas se han hecho eco los medios de comunicación. El tribunal no lo componía ni la troika, ni el BCE, ni el FMI; sino un centenar de países miembros de la ONU. Y los contenidos no tenían que ver (directamente) con presupuestos, recortes y medidas de austeridad; al contrario, España se examinaba sobre la situación de los Derechos Humanos en el país y su grado de cumplimiento. El Examen Periódico Universal (EPU) –que así se llama este examen– a España ha mostrado las vergüenzas de nuestro país en materia de Derechos Humanos: cerca de doscientas recomendaciones realizadas en materias que van desde el acceso a la justicia a los desahucios, pasando por otros temas como la sanidad, la igualdad, etc.

Sin duda, uno de los aspectos que más ha centrado la preocupación internacional sobre los Derechos Humanos en España ha sido la forma en como nuestro Gobierno aborda la inmigración. Muchas de las cuestiones planteadas iban encaminadas a cuestionar las denominadas «devoluciones en caliente» en las fronteras de Ceuta y Melilla, solicitando a España la adaptación de medidas efectivas para garantizar los derechos de las personas inmigrantes.

La revisión de las políticas de inmigración ha centrado las críticas internacionales, donde se pide que España asegure un marco legal para personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; y en el que se solicita que se cumpla el principio de no devolución y la prohibición de tratos inhumanos o degradantes, todo de acuerdo a la normativa internacional. Sin embargo, el Gobierno español, una vez más, hacía oídos sordos y trataba de justificar lo injustificable.

Creemos, como dicen muchos expertos y estudios, que la forma en que un gobierno aborda los derechos de las personas inmigrantes es un excelente indicador de cómo tratará a sus ciudadanos a corto y medio plazo. La inmigración es, podríamos decir, un excelente termómetro de los derechos ciudadanos: el recorte de derechos que sufren las personas inmigrantes y que hoy puede no importarle a muchos, mañana será un recorte de derechos a toda la población. El fin del acceso universal al sistema sanitario lo demuestra. Y la ley de Seguridad Ciudadana lo ratificará, desgraciadamente, pronto.

El informe de la ONU, que también reflejaba la necesidad de que España garantice a las personas inmigrantes derechos como el acceso a la sanidad sin importar su situación administrativa, urgía a que nuestro país impulse la lucha contra el racismo y la xenofobia. Nos parece algo básico, necesario y urgente para una sociedad que se presume democrática. Las próximas convocatorias electorales (hasta tres en 2015: locales, autonómicas y nacionales) serán un excelente test de la adhesión de los futuros responsables políticos –y sus partidos– con este compromiso básico para la convivencia: todas las personas, independientemente de su origen, tienen los mismos derechos.

Es por ello que, desde aquí, hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos malagueños y andaluces para que se comprometan a erradicar de su discurso electoral los «argumentos» xenófobos –que, bajo la tramposa fórmula de «primeros los de casa»– desgraciadamente, comienzan a ser demasiados normales en los partidos políticos de otras partes de nuestro país.

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