La Defensora del Pueblo dice que Interior rechaza retirar las concertinas de la valla de Melilla

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, informó ayer a Andalucía Acoge que el Ministerio del Interior ha rechazado la Recomendación de retirar las concertinas (alambres que concluyen en cuchillas) instaladas en la valla de Melilla, pese a que, según la Federación de asociaciones pro-inmigrantes, violarían el derecho fundamental reconocido en el artículo 15 de la Constitución española.

Asimismo, en respuesta a la queja formulada por Andalucía Acoge en diciembre de 2013, la Defensora señala que “de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, se procede a FINALIZAR la actuación iniciada con ocasión de la presente queja, si bien atendiendo a la diferencia de criterios entre el mencionado Departamento (Ministerio del Interior) y esta Institución en lo que se refiere a dicha cuestión”. La Defensora del Pueblo dejará constancia de la queja y de la posición de la propia Oficina del Defensor en el informe anual que se remite a las Cortes.

El Secretario General de Andalucía Acoge, Mikel Araguás, recuerda que “no es la primera vez que se instalan las concertinas y que el Defensor del Pueblo declara su oposición a aplicar este sistema disuasorio”. En 2005, una Recomendación de la oficina que atiende las quejas de la ciudadanía repercutió en la retirada de las cuchillas. El entonces Delegado del Gobierno en Melilla, D. José Fernández Chacón, resalta el carácter humanitario de la decisión de retirada de las mismas: “Recolocar las concertinas ha sido un retroceso. La instalación de elementos disuasorios en el vallado no debe suponer el uso de elementos que, por sí mismos, atenten contra la integridad física e incluso la vida de las personas”.

Para el abogado José Luis Rodriguez Candela, responsable del equipo jurídico de la Federación, la respuesta de la Defensora del Pueblo deja muy claro que el criterio del Ministerio del Interior no es razonable. “Hay una violación clara del artículo 15 de la Constitución, que estipula que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Las cuchillas disuasorias atentan, en primer lugar, contra la integridad física, pero hay un riesgo de muerte evidente”. El letrado insiste en que “es muy probable que sigamos insistiendo en la misma tecla hasta que el Gobierno recapacite y retire las concertinas. ¿O vamos a esperar que un suceso más dramático en las vallas nos de la razón?”.

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