La cuarta entrega de nuestra sección «Otras voces», un espacio en el que tienen cabida todos aquellos temas que nos preocupan, es una reflexión de Xavier Ferrer Gallardo sobre las singularidades que convierten a Ceuta y Melilla en territorios de excepción, territorios limbo donde la alarma de vulneración de los derechos humanos se activa con demasiada frecuencia.
Por Xavier Ferrer Gallardo
Desde hace décadas en las ciudades de Ceuta y Melilla cohabitan dos manifestaciones distintas de excepcionalidad. La primera emerge del estatus jurídico-político diferenciado que la arquitectura institucional española y comunitaria les reserva: Ceuta y Melilla no están constituidas en Comunidades Autónomas, son Ciudades Autónomas sin capacidad legislativa; tampoco forman parte del espacio aduanero de la Unión Europea, el Tratado de Schengen se despliega sobre ellas con notables singularidades y, formalmente, se hallan fuera del paraguas de protección de la OTAN.
Este estatus especial convierte a ambas ciudades en dos claras “excepciones de Estado”. Y, por supuesto, resulta evidente que los fundamentos de este carácter excepcional no pueden disociarse de las harto conocidas disputas hispano-marroquíes sobre la soberanía de estos y otros territorios norteafricanos (Peñón Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas, Islas Chafarinas, etc.) Desde la independencia de Marruecos en 1956, las reivindicaciones de Rabat han condicionado de manera extraordinaria el acrobático acomodo geopolítico de las ciudades en el Estado Español y en la Unión Europea.
La segunda manifestación de excepcionalidad deriva del papel que Ceuta y Melilla juegan en el marco de las dinámicas globales de control migratorio/fronterizo. Estas dinámicas se caracterizan por la existencia de tensiones entre las prioridades securitarias del Estado, por un lado, y la protección de los derechos humanos, por el otro. Aquí quisiera poner el foco sobre ésta, la segunda de las manifestaciones que confieren a Ceuta y Melilla la categoría de territorios de excepción. En concreto, quisiera referirme a las derivadas de la estrategia de disuasión/contención de la inmigración irregular que el gobierno español ha desplegado durante las últimas décadas en las fronteras de Ceuta y Melilla, en estrecha cooperación con el gobierno marroquí -el cual, cabe recordar, patrulla y blinda con afán unas fronteras que considera ilegítimas.
Ceuta y Melilla están ubicadas en los márgenes territoriales de la Unión Europea, y en lo tocante a la gestión migratoria, en ellas rigen lógicas que a menudo se sitúan en los márgenes de la legalidad. En las ciudades norteafricanas se observan con nitidez los excesos y las extralimitaciones del régimen de movilidad humana ultra-selectivo que opera en las fronteras exteriores de la UE. Los conocidos sucesos de 2014 en la playa ceutí del Tarajal constituyen un ejemplo paradigmático en este sentido. Pero no son un caso aislado. Algunas de estas prácticas excepcionales -como las devoluciones irregulares o el uso desproporcionado de la fuerza- han tenido lugar en Ceuta y en Melilla desde que a mediados de los 90 sus fronteras terrestres empezaron fortificarse.
Fue entonces cuando entre las ciudades y Marruecos se erigió una doble valla metálica -cuya altura alcanzaría primero los 3 y más tarde los 6 metros. Cabe subrayar algo importante: la demarcación fronteriza establecida por el doble/triple vallado no coincide con la delimitación legal que establecen los tratados internacionales del siglo XIX. Las vallas (la primera, la segunda e incluso la tercera en el caso de Melilla) están erguidas sobre suelo español. La falta de coincidencia entre la demarcación de las vallas y la delimitación legal de la frontera genera confusión en relación a límite a partir del cual se debe aplicar por ejemplo la Ley de Extranjería. A menudo, dicha confusión ha sido explotada securitaria y políticamente.
En este contexto, a golpe de fronterización, concertinas, detenciones y devoluciones, las ciudades de la Unión Europea en África se han convertido en territorios limbo : zonas de transición entre dos límites territoriales político-administrativos distintos ─las vallas cortantes que separan a las ciudades del resto de África, y las fronteras marítimas que las separan del resto de la UE─, donde la alarma de la vulneración de los derechos humanos se activa con demasiada frecuencia. En demasiadas ocasiones las políticas orientadas a frenar la inmigración irregular se han traducido sobre el terreno en prácticas cuyo carácter también puede ser tildado de irregular.
Sin embargo, algo parece estar cambiando. En particular tras los sucesos del Tarajal de febrero de 2014, se han multiplicado las expresiones de resistencia al relato oficial relativo a las dinámicas de control fronterizo/migratorio en Ceuta y Melilla. Activistas, periodistas y académicos monitorizan con creciente intensidad las controvertidas prácticas de gestión fronteriza. El ruido de la protesta cada vez es mayor y cada vez se arroja más luz sobre las burbujas de excepcionalidad (e impunidad) que durante décadas han envuelto la gestión de la inmigración en las fronteras terrestres de la Unión Europea en África.
La imagen es obra de Tamara Martina, del proyecto Artistas Acoge.
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