«El Estado español está perdiendo legitimidad al legislar contra el contenido esencial de los Derechos Humanos: la solidaridad»

Hablamos hoy con Adela Jiménez, presidenta de Málaga Acoge, sobre la campaña Salvemos la hospitalidad y la reforma del Código Penal que estudia el Gobierno.

Cuando leyó la noticia en la que se hablaba de la reforma del Código Penal, ¿Qué sintió?
Cabreo. Mucho, cabreo. La primera reacción fue de disgusto: no se puede criminalizar a una persona que ayude.

¿Qué le parece la reforma?
La reforma del Código Penal lo que tiene es muchas perversiones. En el texto de la reforma dice que “El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo, vulnerando la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años”. Es algo muy fuerte. Y dice también que “Las personas o instituciones que apoyen, ayuden o acojan en sus domicilios de forma altruista a las personas extranjeras en situación irregular que transiten por España serán considerados criminales: detenidas, juzgadas y, en su caso, condenadas”. Eso es lo que dice, es la realidad. Y se deja en manos del Ministerio Fiscal que te puedan acusar: te encuentras con un fiscal duro y no habrá solución…

Se persigue a la solidaridad…
Cuando lees la reforma, tranquilamente, lo primero que piensas y ves es que se usa el Código Penal para reprimir los flujos migratorios. Es decir, se utiliza el Código Penal para que la gente no venga y la gente no se mueva de sus países. Y, encima, también equipara a una persona hospitalaria y acogedora con un traficante de personas. Usa unos términos para convertir a una persona que ayuda en un traficante y un criminal. Además, nos plantea ciertas dudas: ¿Qué pasa ahora con los Servicios Sociales de los ayuntamientos? Ellos también apoyan a las personas en situación administrativa irregular. ¿También pueden ir la cárcel? En el fondo, se trata de una criminalización genérica de la solidaridad.

Y lo mismo pasa con las ONG.
Claro, todas quedan a disposición de la Ley… Yo conozco gente que acoge a personas inmigrantes en su casa. ¿Y son criminales por ello? Acogen a gente que tiene problemas con papeles, problemas de salud, temas de asilo… El problema, creo, es que a las personas inmigrantes siempre se les ha visto como delincuentes y nunca como personas que vienen a buscarse la vida, con países hechos trizas… La mayoría de personas no migran porque quieren… Es la situación económica la que les empuja a dejar atrás sus raíces. Y también hay mucha gente pidiendo asilo, algo que apenas es contemplado en Europa. Y es gente que tiene miedo a volver a sus países: si vuelven son asesinados.

¿Ataca a los Derechos Humanos esta reforma del Código Penal?
Claro. Es que la reforma del Código Penal convierte en ilegal un principio fundamental de los Derechos Humanos: la solidaridad. Yo creo que el estado español está perdiendo legitimidad al legislar contra el contenido esencial de los Derechos Humanos, la solidaridad y la hospitalidad. Está impidiendo la ayuda a las personas inmigrantes y criminalizando a la persona que ayuda. Es lo fundamental de la reforma… Se habla de criminalización de todo aquel que ayude a una persona en situación administrativa irregular, no de trata de personas. Y como si una persona en esa situación mal llamada ‘sin papeles’ no fuese persona… Están demonizando la solidaridad… Es muy fuerte.

¿Cree que la reforma saldrá finalmente adelante o se podrá parar?
Si el Gobierno quiere, saldrá, eso está claro. Es lo que tiene la mayoría absoluta. Pero habría que luchar para que esto no salga adelante.

¿Servirán campañas como Salvemos la hospitalidad?
Campañas como esta son fundamentales para que la gente abra las cosas. La plataforma Salvemos la hospitalidad se marcó un objetivo de 50.000 firmas y están ya prácticamente conseguidas. Y la puesta en marcha de la campaña que ha promovido Andalucía Acoge y han apoyado muchas entidades servirá también para eso, para que la sociedad alce la voz.

¿Se puede conseguir entonces que se escuche a los ciudadanos con iniciativas así o el poder político está demasiado lejos de la sociedad?
Pongo el ejemplo de la plataforma de los desahucios y el trabajo de Ada Colau: cuando habló en el Congreso, hubo muchísima gente que la apoyó, se generó un ruido, una reacción ciudadana muy fuerte. Se ha sentido la reacción y, aunque difícilmente se consiga algo a nivel legal, hay que estar ahí e intentarlo. Y eso es lo importante: luchar, que sea la sociedad la que empuje. Y si para Salvemos la hospitalidad se han conseguido 50.000 firmas en poco tiempo, será por algo. Seguro que se pueden conseguir muchos más apoyos.

Como el del Ayuntamiento de Málaga, que aprobó por unanimidad la moción Salvemos la hospitalidad. Que otros municipios se vayan sumando y aprobando el texto, ¿servirá para algo?
Esos actos sirven como apoyo, como ejemplo para otros muchos ayuntamientos. Y es muy importante que desde Málaga Acoge y otras entidades trabajemos en ese sentido, porque los ayuntamientos representan a los ciudadanos y si hay mociones institucionales aprobadas por unanimidad, deben ser escuchadas. Ya se ha aprobado en Málaga y Vélez-Málaga, y esperamos que pronto lo sea en muchos municipios como Antequera, por ejemplo. Pero quizás el problema esté en la Costa, que es más complicada en ese sentido.

Es optimista, entonces.
Es difícil serlo, pero hay que intentarlo. Aunque la situación es complicada y muchísimo más para las personas inmigrantes, ya lo vimos hace unos meses con otra reforma, la sanitaria, que impide el acceso a la sanidad… Algo que es también un Derecho Fundamental.

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