Actualizado hace 10 años – Publicado el 6 de octubre de 2012
Os dejamos aquí la columna de opinión publicada el sábado 6 de octubre de 2012 por Alejandro Cortina, director de Málaga Acoge, en el periódico La Opinión de Málaga. Lo tenéis también en su contexto original pinchando aquí.
Hará unas dos semanas, durante la presentación de un estudio sobre el tercer sector, el Instituto de Innovación Social del Esade estimaba que una de cada tres entidades sociales existentes en España desaparecería como consecuencia de la crisis. Podría parecer un diagnóstico exagerado pero, solo hace unos días, el presidente de la Red Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión Social cifraba en más de 45 millones de euros el dinero que debían las administraciones andaluzas a las entidades de esta red por la ejecución de proyectos sociales durante los años 2011 y 2012. Una cantidad similar es la que reclaman las organizaciones andaluzas del ámbito de la discapacidad como deuda reconocida por parte de las administraciones públicas.
Estos datos nos llevan a preguntarnos qué ha pasado para que asistamos así, en lúgubre silencio, a una lenta agonía que conduce a la desaparición de una parte fundamental de nuestro tejido social. Porque las entidades sociales, en muchos casos, no sólo han trabajado para desvelar las fallas del débil estado de bienestar que en las últimas décadas se ha ido configurado en nuestro país. También han estado detrás de muchos de los pequeños avances conseguidos y que ahora, ante la estupefacción general, se disuelven como por arte de magia fruto de malos conjuros presupuestarios.
Pienso, por ejemplo, en la lucha contra la violencia de género; en labor silenciosa de las asociaciones de familiares de enfermos mentales; en la solidaridad internacional; en el constante trabajo del movimiento de apoyo a las personas con diversidad funcional; en todas las personas y organizaciones que, en suma, desde un ámbito u otro, han luchado y trabajado por que nuestra sociedad no dejará orilladas a las personas más débiles. Y esa labor, hace falta recordarlo, en la mayoría de las ocasiones se ha hecho de forma innovadora, eficiente y responsable. Innovadoras, por hablar de uno de estos elementos, porque han sido estas entidades las que han puesto en marcha prácticas o planteamientos que, luego, las administraciones felizmente han hecho suyas.
También es verdad que no todo se ha hecho bien. La extensión de las políticas sociales en nuestro país se ha hecho, en buena medida, de la mano de la colaboración de las entidades sociales con las administraciones. Sin embargo, el imprescindible apoyo público a labor del tercer sector ha devenido, en demasiadas ocasiones, en una excesiva dependencia de las administraciones públicas, lo que ha terminado viciando una relación que, por otro lado, siempre ha sido demasiado asimétrica.
En todo caso, lo que nadie podrá negar es la importante contribución que estas entidades han tenido en la cohesión social de nuestra tierra. No solo, que también, por todo lo que se refiere a la atención y apoyo a las personas en exclusión social, sino porque a través de la participación en estas organizaciones cientos de miles de personas aportan su esfuerzo para mejorar nuestra sociedad. En efecto, las entidades sociales – y las personas voluntarias que participan en ellas – contribuyen con su labor a fortalecer nuestra comunidad, a crear vínculos y establecer lazos sociales. En suma, más allá de las formas más tradicionales, las entidades sociales son una de las formas más visibles del ejercicio de la ciudadanía. Y es que no podemos aspirar a ser una sociedad de referencia en nuestro entorno si no contamos con un tejido social fuerte.
Cabe preguntarse, entonces, si nuestros administradores públicos – a los que hemos elegido para obtener el bien común – son conscientes de las enormes implicaciones que tiene la falta de cumplimiento de sus compromisos. Habrá que preguntarles, también, si destejer nuestra sociedad por los hilos más débiles es el único camino.
ALEJANDRO CORTINA, director de Málaga Acoge. Artículo publicado el 6 de octubre de 2012 en el diario La Opinión de Málaga.
