El pasado viernes 5 de junio, en el Palacio de Justicia, desde Málaga Acoge impartimos la formación “Proceso extraordinario de regularización 2026: aspectos clave y acompañamiento profesional con perspectiva de género”, dirigida a profesionales que trabajan en la atención a las violencias machistas en la provincia de Málaga. La sesión se enmarcó en la mesa de trabajadoras sociales y agentes de Igualdad que organiza periódicamente el Servicio de Atención a Víctimas en Andalucía (SAVA), un espacio de coordinación muy importante para mejorar la atención a las mujeres.
En esta mesa participan agentes de igualdad y profesionales de Trabajo Social de todos los Centros de Información y Atención a la Mujer de la provincia, así como profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación de Málaga. Todas ellas atienden a mujeres que viven situaciones de violencias machistas, muchas de ellas migrantes, que se encuentran además con importantes dificultades administrativas.
La formación fue impulsada por el Área de Género de Málaga Acoge y estuvo a cargo de Ana Dori, abogada, y de Noemí, su coordinadora. El objetivo principal fue ofrecer información clara y herramientas prácticas para que las profesionales puedan orientar y acompañar mejor a las personas migrantes, especialmente mujeres, en el marco del proceso extraordinario de regularización 2026, siempre desde una mirada de derechos y con perspectiva de género.
Durante la sesión se explicó el contexto y el marco general de la regularización administrativa extraordinaria de 2026, los requisitos básicos y los pasos principales del procedimiento. También se abordaron la resolución y sus efectos jurídicos, el papel clave de las profesionales a la hora de informar y acompañar y las principales dificultades de acceso que encuentran muchas mujeres, en especial las víctimas de violencia de género.
Además, se insistió en la importancia de incorporar la perspectiva de género y la interseccionalidad en la intervención con mujeres migrantes, reconociendo las barreras específicas que enfrentan por su origen, situación administrativa, carga de cuidados o dependencia económica. Se analizó también el impacto positivo que puede tener la regularización administrativa en sus vidas, por ejemplo en el acceso al empleo, la vivienda, la protección social y la salida de situaciones de violencia.
Las profesionales participantes mostraron mucho interés, compartieron casos reales de mujeres a las que atienden y plantearon numerosas dudas sobre requisitos, documentación y situaciones de especial vulnerabilidad. A lo largo de la formación, se pudieron aclarar muchas de estas dudas y se reforzó la idea de trabajar en red entre todos los recursos de la provincia que abordan la violencia de género, para que ninguna mujer quede fuera del proceso de regularización por falta de información o acompañamiento adecuado.
