Entre el 16 de abril y el 26 de mayo, Málaga Acoge ha acompañado a 5392 personas en su proceso de regularización administrativa. Esta cifra, por sí sola, ya refleja la magnitud del momento actual: en poco más de un mes hemos atendido y orientado a un 136,26% más de personas que durante todo el año anterior.
En este mismo periodo hemos realizado 12.774 actuaciones individuales y hemos llevado a cabo 19 talleres informativos en distintos puntos de la provincia. Detrás de estos números hay miles de historias atravesadas por la incertidumbre, la urgencia y, también, por la esperanza que abre esta oportunidad histórica de regularización.
Sin embargo, gran parte de nuestra actividad ha estado condicionada por un trámite concreto: la elaboración de los certificados de vulnerabilidad. Este procedimiento ha supuesto el 34,16% de todas las actuaciones realizadas, es decir, una de cada tres intervenciones. Lo que debería haber sido un proceso ágil se ha convertido, en la práctica, en un obstáculo añadido.
La falta de respuesta generalizada por parte de muchas administraciones públicas —especialmente en el ámbito local— ha provocado que entidades sociales como Málaga Acoge hayamos tenido que asumir funciones que no nos corresponden. Este certificado, ya cuestionable en su propia necesidad, se ha transformado en un foco de bloqueo, sufrimiento e incertidumbre para miles de personas debido a la inacción y la falta de coordinación institucional.
En paralelo, en las últimas semanas hemos comenzado a desarrollar nuestro papel esencial: informar, orientar y acompañar a las personas migrantes ante esta oportunidad. Hasta el momento hemos asesorado a 640 personas, de las cuales el 54,06% son mujeres.
Los datos muestran que la vía más utilizada para acceder al proceso de regularización es precisamente la acreditación mediante el certificado de vulnerabilidad (45,78%). Además, uno de cada tres expedientes (34,07%) está vinculado a unidades familiares, lo que pone de manifiesto cómo la normativa de extranjería impacta directamente en la protección de niños y niñas. Por otro lado, el 18,75% de los expedientes corresponde a personas solicitantes de asilo.
Este contexto dibuja una realidad clara: estamos ante una combinación de colapso institucional y alta vulnerabilidad social. Por ello, desde Málaga Acoge consideramos imprescindible que las administraciones públicas adopten medidas urgentes:
Es necesario ampliar el plazo del proceso de regularización. El colapso administrativo ha consumido una parte importante del tiempo disponible, impidiendo que muchas personas accedan a información y asesoramiento. Sin una prórroga, muchas quedarán fuera por fallos del propio sistema.
También es urgente aumentar los puntos de atención en el interior de la provincia. Actualmente, muchas personas deben desplazarse largas distancias para realizar gestiones. De hecho, el 38,11% de quienes hemos atendido proceden de municipios donde Málaga Acoge no tiene presencia.
Igualmente, resulta imprescindible reforzar la colaboración institucional. Las entidades sociales no pueden sostener en solitario un proceso que beneficia al conjunto de la sociedad. La coordinación entre administraciones es clave para garantizar su éxito.
Por último, es fundamental eliminar las barreras administrativas. No pueden exigirse requisitos arbitrarios que no contempla la normativa. La administración local debe ser una puerta de acceso a derechos, no un obstáculo.
La paradoja del certificado de vulnerabilidad
Entre el 16 de abril y el 26 de mayo, hemos realizado 4.974 certificados de vulnerabilidad. Este proceso no solo ha servido para cumplir un requisito administrativo, sino que ha permitido visibilizar la profundidad de las situaciones de exclusión que viven miles de personas en nuestra provincia.
Al mismo tiempo, ha puesto de relieve las debilidades estructurales en la gestión de las políticas sociales: falta de planificación, recursos insuficientes y, en muchos casos, ausencia de voluntad institucional.
Quiénes son las personas atendidas
Las 4.974 personas entrevistadas presentan un perfil mayoritariamente joven. El grupo más numeroso se sitúa entre los 30 y 44 años (38,37%), seguido por personas de entre 25 y 29 años (20,20%) y menores de 25 (19,15%). Las personas de entre 45 y 66 años representan el 20,60%, mientras que las mayores de 67 años apenas alcanzan el 1,67%.
En cuanto al género, el 58,73% son hombres, el 41,25% mujeres y se ha registrado una persona no binaria. En el caso de las mujeres, se observa una mayor presencia en franjas de edad más elevadas, lo que evidencia un impacto específico de la irregularidad administrativa en mujeres de mediana edad.
Por nacionalidades, tres países concentran a dos de cada tres personas: Marruecos (22,34%), Colombia (20,20%) y Paraguay (15,13%), seguidos por Senegal y Argentina. Entre las mujeres, Colombia pasa a ocupar el primer lugar.
En relación al lugar de residencia, el 40,83% vive en Málaga capital, mientras que el resto se distribuye por distintos municipios como Vélez-Málaga, Fuengirola, Mijas o Torremolinos. Cabe destacar que una de cada tres personas reside en municipios donde Málaga Acoge no está presente, lo que evidencia la falta de recursos distribuidos de forma equilibrada en la provincia.
Una radiografía de la exclusión
Los datos recogidos muestran una realidad preocupante. El 80,65% de las personas acudió por primera vez a Málaga Acoge con motivo de este trámite, y solo el 30,54% había solicitado previamente algún tipo de ayuda. Esto indica que muchas de estas situaciones permanecían invisibles para el sistema de protección social.
La precariedad laboral es casi total: el 94,76% tiene dificultades para acceder al empleo, el 90,54% vive en situación de pobreza o riesgo de exclusión, y el 88,27% carece de ingresos suficientes. Además, el 88,75% ha trabajado en condiciones laborales inadecuadas.
En materia de vivienda, el 83,28% sufre exclusión residencial. Dentro de este grupo, un 20,52% se encuentra en situación de sinhogarismo, y el 60,99% vive en condiciones inseguras.
El impacto emocional también es muy significativo: el 92,86% manifiesta sentirse desbordado en su día a día y el 70,78% sufre aislamiento social.
Además, el 32,98% ha sufrido violencia física o verbal relacionada con su situación administrativa, porcentaje que asciende al 37,37% en el caso de las mujeres. Un 18,01% ha sido obligado a realizar actividades contra su voluntad, y una de cada cinco mujeres ha estado expuesta a violencia machista.
La barrera institucional
A partir del 4 de mayo, analizamos también el papel de los ayuntamientos en este proceso. Los datos muestran la existencia de trabas generalizadas.
Solo el 22,74% de las personas intentó realizar el trámite a través de su ayuntamiento antes de acudir a Málaga Acoge. La mayoría lo hizo directamente debido al conocimiento del bloqueo institucional.
Entre los principales obstáculos detectados destacan la falta de citas, la derivación a entidades sociales, la exigencia de requisitos arbitrarios y la falta de información o respuesta. Estas prácticas no solo retrasan los procedimientos, sino que agravan la situación de vulnerabilidad.
En muchos casos, la falta de implicación municipal ha provocado que organizaciones como la nuestra tengan que asumir funciones que corresponden a las administraciones públicas, especialmente en municipios como Vélez-Málaga, Mijas, Torremolinos, Benalmádena o Marbella.Una de cada tres personas (35,91%) de las personas apoyadas reside en municipios malagueños donde Málaga Acoge no está presente.
Estas barreras no son sólo administrativas: tienen consecuencias reales. Dificultan el acceso a derechos, cronifican la exclusión y ponen en riesgo el éxito de un proceso que podría transformar la vida de miles de personas.
Puedes acceder y descargar al informe completo pinchando en el siguiente botón:
Ilustración: María Jaime, de nuestro proyecto Artistas Acoge.
