El texto «Tarajal: desmontando la impunidad en la frontera sur» del presidente del Observatorio DESC, Marco Aparicio, es la tercera entrega de nuestra sección «Otras voces» , un espacio de comunicación y análisis sobre los temas de actualidad que más preocupan a Málaga Acoge.
por Marco Aparicio,
A estas alturas, debería resultar innecesario recordar que los derechos, al menos aquellos que se refieren a sujetos vulnerabilizados, solamente adquieren vitalidad, capacidad de ser respetados, cuando existen suficientes garantías sociales, esto es, aquellas que son activadas por la propia ciudadanía. Así es, ni tan siquiera la protección de un derecho tan esencial como la propia vida puede ser confiado en exclusiva a ninguna autoridad de tipo institucional, sea del tipo que sea.
Hay ocasiones, no obstante, en que resulta obligado recordarlo, y una de ellas nos la muestran los hechos ocurridos la noche del 6 de febrero de 2014 en la playa de El Tarajal, junto con las posteriores actuaciones de los principales responsables del cuerpo de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior, por entonces el Sr. Fernández Díaz, así como por la Jueza de Instrucción de Ceuta que decidió paralizar la causa judicial.
Los hechos ocurridos en la playa de El Tarajal no pueden ser resumidos con la palabra “tragedia”, de igual modo que la violencia que empuja a miles de personas a dejar sus casas y sus familias no puede ser denominada “crisis de los refugiados” o “crisis migratoria”. Ni los 14 jóvenes muertos en su intento de llegar a la playa ni los movimientos humanos son fatalidades puntuales, que puedan además ser tratadas como excepciones a una pretendida regla de “normalidad”.
La directa implicación de la Guardia Civil, que en lugar de activar el protocolo de salvamento marítimo optó por tratar de “repeler”, mediante el empleo de material antidisturbios (pelotas de goma y gases) la llegada de personas a la playa, y las sucesivas mentiras de los responsables políticos que trataron de ocultar los hechos, son actuaciones realizadas con absoluta pretensión, y confianza, de impunidad. Y dicha pretensión no se explica si no es por la existencia de mecanismos (jurídicos y judiciales, entre otros) que han venido demostrando las dificultades con las que suele enfrentarse toda lucha contra la impunidad de los poderosos, sea el propio Estado o se trate de determinados actores privados.
Bastará, a modo de muestra, recordar el modo en que la responsable del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Ceuta decidió el sobreseimiento provisional: a su entender, “no existe indicio alguno que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material antidisturbios”, “los inmigrantes no eran personas en peligro en el mar que precisasen ayuda… asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español, por el mar, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa…”.
Se trata de un conjunto de hechos o, mejor dicho, de actuaciones conscientes, que expresan con claridad hasta qué punto los derechos pueden quedar arrasados cuando la relación entre quien los conculca y los sujetos afectados es abismalmente desigual.
Somos conscientes de que conformamos sociedades desiguales, pero merece la pena recordar hasta qué punto dicha desigualdad se convierte en abismo cuando se trata de personas que han decidido dejar sus países para superar las condiciones extremas de violencia económica o política.
Resulta entonces imprescindible ampliar el círculo de la noción de “afectados/as” para que seamos incluidas todas aquellas personas y organizaciones conscientes de la necesidad de construir unas relaciones basadas en el respeto a la dignidad y la igualdad de todo ser humano.
Ni más, ni tampoco menos, es lo que trata de recoger el Documental coproducido por el Observatori DESC y por Metromuster que lleva por título “Tarajal: desmontando la impunidad en la frontera sur”, herramienta que busca acompañar el proceso de respuesta colectiva, articulada también por medio de una querella en la que además del Observatori se encuentran CEAR y la Asociación Coordinadora de Barrios.
Tales objetivos incluyen, como señala el propio documental: (1) Dar a conocer las vulneraciones de derechos humanos que se producen en la Frontera Sur; (2) visibilizar el trabajo que se está haciendo desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos que están actuando sobre el terreno; (3) contribuir a la comprensión de los procesos migratorios en la Frontera Sur de Europa.
Es necesario pues no cesar en la lucha contra la impunidad, actuando colectivamente en solidaridad con las víctimas, exigiendo reparación y justicia, demandas planteadas por familiares y amigos de los 14 jóvenes muertos, trazando así un necesario vínculo de dignidad, como personas y como pueblos.
Aquí compartimos el documental:
La imagen que encabeza el escrito es de Mónica López, del proyecto Artistas Acoge.
“Ver imágenes de personas inmigrantes llegando a nuestras costas te hace reflexionar sobre la desolación humana por la que tiene que pasar una persona para ver, en esa dramática huida, un rescate a su vida… E intenté ponerme por un momento en su piel”.
