Actualizado hace 2 años – Publicado el 2 de noviembre de 2017
Son muchas las personas que dicen que la población inmigrante satura la Sanidad y abusa de los servicios de atención primaria y de las urgencias. También hay quien piensa que vienen a España y la Costa del Sol porque la sanidad es gratuita y que se aprovechan del sistema.
Más allá de que la sanidad es un derecho universal de todas las personas, los datos dejan bien claro que las personas inmigrantes usan menos la sanidad que las españolas y que su aportación para financiar el sistema sanitario es mayor que el gasto que realizan.
El gobierno justificó la exclusión de la sanidad pública de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular debido, entre otros aspectos, al supuesto gran gasto que ello significaba. Y desde que el RDL 16/2012 entró en vigor, cada vez más personas piensan que las personas inmigrantes saturan la sanidad. Así, mientras en 2008 casi el 90 por ciento de la población respaldaba un sistema de salud público, universal y gratuito, el Barómetro Sanitario de 2016, reflejaba que más de un tercio de la población española afirmaba que las personas en situación administrativa irregular «deben recibir atención sanitaria pública solo en determinadas situaciones», que en la mayoría de ocasiones eran solo las urgencias. Sin embargo, la afirmación no es más que un rumor muy alejado de la realidad.
Hay datos que reflejan claramente que las personas inmigrantes no saturan la sanidad ni hacen un uso excesivo de ella. De hecho, hay uno muy clarificador. Según la Junta de Andalucía, en 2016 el servicio público de salud atendió a algo más de 1,5 millones de personas en toda la comunidad. De ellas, sólo el 1,05 por ciento fueron personas en situación administrativa irregular:
El escenario es aún más clarificador en el caso de las urgencias:
Numerosos estudios confirman que el uso que hacen las personas inmigrantes de la sanidad es mucho menor que el de las personas españolas. Algunos datos son:
Las personas inmigrantes, representando más del 10% de la población residente en España, sólo suponían el 5% de los y las pacientes de atención primaria, muy lejos de su presencia en la sociedad, según datos de la Estadística de Gasto Sanitario Público del año 2007.
El coste farmacéutico es de 374,01 euros de media por paciente local frente a los 73,70 euros por paciente extranjero. En el caso de las personas inmigrantes en situación irregular estos consumos fueron significativamente inferiores: 45,90 euros por paciente.
En buena parte, todo ello se explica en que la población inmigrante en general más joven y sana que la nacional. De hecho, en Andalucía, la edad media de las personas usuarias del Sistema Andaluz de Salud es de 40,7 años en el caso de la ciudadanía española y 33,2 años en el caso de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. En términos globales, la edad media de la población española es de 43,6 años y la media de las personas extranjeras es de 35,7 años. Las edades medias más altas entre las nacionalidades predominantes se dan en los ciudadanos de países como Reino Unido (53,2 años) o Alemania (49). Por el contrario, las más bajas corresponden a los ciudadanos de Marruecos (30,3 años), Etiopía (30,7) o China (30,8).
Igualmente, es importante aclarar también un aspecto que suele ser confundido: la forma de financiación del Sistema Nacional de Salud. Desde el 1 de enero de 1999 el Estado asumió totalmente la financiación de la asistencia sanitaria, desvinculándola totalmente de la Seguridad Social. A partir de esa fecha la sanidad pasó a financiarse íntegramente con impuestos generales que salen del bolsillo de toda de la ciudadanía: IVA, IRPF, impuestos especiales, impuesto de sociedades, impuestos al capital… De tal manera que cualquier consumo realizado por cualquier persona (incluso en situación administrativa regular o irregular) ayuda a financiar el sistema sanitario español.
Esta información se inscribe en el Proyecto Stop Rumores en Málaga, participación ciudadana para promover la convivencia , una iniciativa de Málaga Acoge que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga. Este proyecto se incardina en la estrategia de lucha contra los rumores promovida por la Agencia Stop Rumores en www.stoprumores.com.
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