Rumor ¿los inmigrantes reciben más ayudas sociales? Los datos de Málaga

Son muchas las personas que cuentan que la población inmigrante recibe más ayudas sociales que la española. Es una sensación de agravio comparativo que sienten la mitad de los andaluces y las andaluzas.


Las ayudas sociales son un mecanismo que permite ayudar a personas en riesgo de exclusión social, sin importar la nacionalidad de las mismas. El empadronamiento da acceso a Servicios Sociales, Sanidad o Educación, que se reconocen en las leyes estatales y autonómicas como derechos universales de todo ser humano y no tienen en cuenta la nacionalidad.

Muchos son los comentarios que se escuchan sobre que las personas inmigrantes copan las ayudas sociales en cuestiones como vivienda, prestaciones, salario mínimo… Sin embargo, son también muchos los estudios que evidencian lo contrario. De hecho, las personas inmigrantes reciben del estado menos de lo que aportan a través de las rentas del trabajo o su consumo, por hablar sólo del aspecto económico y sin tener en cuenta las contribuciones en aspecto sociales y culturales.

Es importante tener en cuenta que el acceso a los Servicios Sociales es un derecho adquirido por todas las personas. Y el único requisito para llegar a él es, en general, el empadronamiento. La Constitución española establece que el empadronamiento es un derecho y un deber de cualquier persona que habita en el país, con independencia de que su situación administrativa de residencia sea irregular. Así, es el empadronamiento el que da acceso a los servicios sociales, sanidad y educación, que desde mediados de los noventa se reconocen en las leyes estatales y autonómicas como un derecho universal de todo ser humano y, por tanto, nada tiene que ver a la hora de concesión de las ayudas sociales la nacionalidad de la persona o familia receptora de las mismas.

Las personas destinatarias de los servicios sociales son familias en riesgo de exclusión social, situación en la que se encuentran muchas personas inmigrantes. Por ello, se entiende como lógico que este colectivo tenga un peso significativo en los servicios sociales. Sin embargo, diferentes datos y estudios desmontan la idea de que «reciben más ayudas que los demás por ser extranjeros». De hecho, los datos de la Diputación Provincial de Málaga reflejan que las personas extranjeras solo suponen el 6 por ciento del total de personas atendidas en el primer semestre por los Servicios Sociales comunitarios de esta administración.

La situación es similar en la capital malagueña, de las 49.070 personas atendidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga, apenas 2.561 eran inmigrantes, lo que supone un 5,2 por ciento. La cifra es incluso menor al porcentaje de personas extranjeras que residen en Málaga, que alcanza el 8,1%: así, 42.816 de las 526.193 personas que residen en la capital son extranjeras.

El propio consistorio refleja que en las bases para las ayudas a los Servicios Sociales no tienen en cuenta nunca la nacionalidad, por lo que este factor no afecta a la concesión o no de ninguna de las prestaciones ni técnicas y económicas de los servicios sociales. Eso sí, los requisitos varían en función del recurso y de quién tiene las competencias, pero todo se puede consultar en el Reglamento de Prestaciones Económicas de los Servicios Sociales comunitarios. Los más habituales son: empadronamiento, ingresos económicos, DNI, NIE o Pasaporte en vigor.

Además, las personas inmigrantes apenas representan un pequeño porcentaje de prestaciones sociales por desempleo. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a noviembre de 2016 había en España casi dos millones de personas cobrando prestaciones por desempleo en sus diversas modalidades. De ellas, 196.000 eran extranjeras, lo que supone algo menos del 10 por ciento (9,9%) del total. En Andalucía, del poco más de medio millón de personas que cobraban prestaciones por desempleo, unas 35.000 son extranjeras, apenas un 7 por ciento del total. Cifras que indican que no suponen un gasto excesivo para las arcas nacionales, más allá de que tengan derecho a esas prestaciones debido a sus aportaciones durante sus contratos de trabajo. En paralelo, menos del 1 por ciento de las personas beneficiarias de pensiones en España son extranjeras, y más de la mitad de éstas son ciudadanas de la Unión Europea.

Esta información se inscribe en el Proyecto Stop Rumores en Málaga, participación ciudadana para promover la convivencia , una iniciativa de Málaga Acoge que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga. Este proyecto se incardina en la estrategia de lucha contra los rumores promovida por la Agencia Stop Rumores en www.stoprumores.com.


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