El periódico La Opinión de Málaga recogió el 27 de abril la reflexión de Luis Pernía, presidente de la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes sobre el frenazo en la aprobación de la ILP para regularizar a miles de personas migrantes. En su artículo advierte de que el Congreso y la ciudadanía ya han mostrado su apoyo, pero la propuesta sigue bloqueada mientras la situación de muchas familias empeora cada día. Además, sostiene que el nuevo Reglamento de Extranjería, que entra en vigor el 20 de mayo, trae mejoras en algunos trámites, pero sigue dejando fuera a quienes no cumplen ciertos requisitos y mantiene a miles de personas en situación de vulnerabilidad o limbo legal. Puedes acceder a la columna AQUÍ y la compartimos a continuación:
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria de personas migrantes, promovida por centenares de organizaciones – algunas de la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga- recogió 611.821 firmas validadas por la Oficina de Censo Electoral. El Congreso de los Diputados tomó en consideración la propuesta el 9 de abril de 2024, con 310 votos a favor, reflejando un amplio consenso parlamentario. Sin embargo, la tramitación de la ILP se ha visto frenada. El 19 de noviembre se aprobó un nuevo Reglamento de Extranjería, que el Gobierno argumenta hace innecesaria la iniciativa, paralizando así su avance pese al mandato democrático y al respaldo social sin precedentes. Desde la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes seguimos creyendo firmemente en la necesidad de la IPL. El nuevo Reglamento de Extranjería dejará fuera a miles de personas que quedarán en cierta situación de limbo jurídico y social, especialmente las que no cumplan el requisito de dos años de permanencia o que no puedan demostrar fehacientemente su estancia durante ese periodo. También excluye a las personas indocumentadas que no pueden obtener documentos de su país de origen ni acceder a la cédula de inscripción debido a la excesiva rigidez del procedimiento.
No son pocas personas en esta situación: Cáritas Española atendió en 2023 a unas 75.000. Además, el Reglamento perjudica a las personas solicitantes de protección internacional a quienes se deniegue la solicitud y que no puedan acogerse a la disposición transitoria. Estas personas quedan expresamente excluidas de las vías del arraigo, frustrando sus derechos y su itinerario de inserción, a pesar de estar trabajando, cotizando y contribuyendo al crecimiento económico, social, cultural y religioso en nuestro país.
Otros colectivos afectados son las personas con difícil empleabilidad -por edad, discapacidad, exclusión socio residencial o enfermedad crónica- y quienes, aun pudiendo trabajar, no pueden aceptar ofertas de empleo por no estar regularizadas, ni pueden regularizarse porque las empresas no pueden mantener un puesto de trabajo a la espera de una resolución favorable de Extranjería. Las familias con menores que estén en situación irregular administrativa también son especialmente vulnerables por la imposibilidad de renovar permisos, la inestabilidad laboral, precariedad en el trabajo y las condiciones del acceso a la vivienda, lo que agrava la pobreza infantil y sitúa a España en una posición desfavorable respecto a otros países de la UE.
Una regularización extraordinaria que contemple estas realidades, especialmente la de familias con menores en situación irregular, sería un paso fundamental para superar la pobreza infantil y garantizar derechos básicos para toda la infancia. Desde la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga insistimos en la necesidad de reactivar la tramitación de la ILP, no sólo por la insuficiencia del nuevo Reglamento, sino como ejercicio de regeneración democrática, por respeto a la iniciativa de cientos de miles de ciudadanos y a la decisión del Congreso de los Diputados. No podemos renunciar y conformarnos con los imprevisibles del Reglamento de Extranjería. Sólo una medida que ponga en el centro a la persona, su dignidad y sus derechos, es capaz de dar una respuesta eficaz y conforme al bien común de toda la sociedad.
