Nuestra incidencia en Fuengirola

Málaga Acoge continúa su trabajo de incidencia, esta vez en Fuengirola. Tras revistar la Ordenanza reguladora de la concesión de ayudas de emergencia social, publicada en enero de 2019,
presentamos varias alegaciones referidas a los beneficiarios y requisitos para la obtención de las ayudas, su modalidad y a la documentación a aportar para solicitarlas.

El artículo 3 de la Ordenanza disponía como requisito para optar a las ayudas el «estar empadronado de manera efectiva en el municipio por un periodo de un año» eximiéndose «en caso de mujeres víctimas de violencia de género con medidas de protección en vigor, víctimas de terrorismo y emigrantes andaluces retornados».

Málaga Acoge propuso eliminar el requisito de un año de residencia previa y que el empadronamiento de la persona solicitante se exigiese «salvo situación extraordinaria debidamente motivada por el profesional de referencia en servicios sociales». Nos basamos en el artículo 6 de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, que reconoce como titulares de derechos de servicios y prestaciones del sistema público de derechos sociales de Andalucía a «todas las personas que tengan vecindad administrativa en Andalucía”, sin limitaciones de ningún tipo en función del tiempo de residencia previa.

Málaga Acoge propuso también eximir de este requisito de empadronamiento de un año al colectivo de Personas Sin Hogar que se encuentra residiendo en la zona, previo informe de Servicios Sociales, y ampliar las fórmulas de reconocimiento de las mujeres víctimas de violencia.

Como resultado de esta labor de incidencia en Fuengirola se logró que el texto aprobado incluya la exención del año de empadronamiento a las personas sin hogar y para las mujeres víctimas de violencia de género.

«Se ha logrado la exención del año de empadronamiento para víctimas de violencia de género y personas sin hogar, pero no para la población extranjera en general, lo que supone un problema importante», comenta nuestra compañera Eva del Pino, de Fuengirola.

Se trata de un requisito que suelen establecer los Ayuntamientos de Fuengirola y Mijas y que «choca con la Ley de Servicios Sociales de Andalucía que prevé que puede ser titular de los servicios sociales cualquier persona con vecindad administrativa», sin hablar de tiempos.

«Es sangrante. Porque estamos hablando de ayudas económicas para alimentos, de necesidades básicas. Estamos intentando arañar derechos de necesidades básicas».

Otra de las alegaciones que hicimos pretendía evitar que la no presentación del pasaporte en vigor fuera un requisito excluyente para optar a las ayudas.

Como resultado de nuestra incidencia, la redacción final prevé que pueda presentarse la «fotocopia del DNI, NIE, Documento de Protección Internacional o Pasaporte en vigor o en proceso de renovación, de las personas solicitantes así como los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años».

«Entendemos que el pasaporte aunque no esté en vigor es un documento identificativo y hay personas que no tienen dinero para renovarlo».

De hecho, otra de las alegaciones que presentamos, y que fue desestimada fue que se considerase ayuda de subsistencia, no sólo la alimentación como está previsto, sino también los gastos derivados de las tasas administrativas para la adquisición o renovación de la documentación personal.

«El que una persona migrante no pueda renovar sus papeles porque tiene que pagar 60 euros de tasas, también eso es una necesidad básica», advierte Eva.

Bolsa de empleo de Fuengirola

Como resultado de nuestra labor de incidencia en una de las convocatorias de bolsas de empleo convocadas en 2018 por el Ayuntamiento de Fuengirola pudieron optar a puestos de personal laboral, además de españoles y de la UE, nacionales de terceros países.

«Incluir la parte de nacionales de terceros países muchas veces se obvia en las convocatorias, ya hemos tenido experiencias anteriores», apunta Eva, que explica que esto es fundamental para promocionar laboralmente a la población migrante.

Hablando sobre el empleo público, Eva quiso referirse a una situación con la que nos encontramos con frecuencia en convocatorias a ocupaciones de baja cualificación como limpiadoras y barrenderos. Y es el requisito del graduado escolar. «Esto supone un problema y una limitación porque se da el caso de extranjeros que pueden homologar sus estudios».

Imagen: Chema Lumbreras del proyecto Artistas Acoge

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