El negocio del control de las fronteras

Analizamos el informe de reciente aparición  La industria del control migratorio ¿Quién gana en España con las políticas fronterizas de la Unión Europea?  realizado por la Fundación Por Causa, que intenta responder a las siguientes preguntas: ¿quiénes obtienen beneficios del control migratorio?, ¿en qué medida estos beneficiarios son la consecuencia o la causa de la ideología política que la ampara?

A lo largo de un año, porCausa ha estudiado todos los contratos públicos referentes a la Industria de Control Migratorio firmados en España y ha confirmado que entre los años 2007 y 2017 nuestro gobierno destinó no menos de 896 millones de euros procedentes de recursos públicos. Este dinero fue a parar a una diversidad de empresas para llevar a cabo actividades relacionadas con el control y la protección de los perímetros fronterizos como las vallas de Ceuta y Melilla o el mar Mediterráneo; y la detención y expulsión de inmigrantes en situación irregular: desde los centros de internamiento de extranjeros a los vuelos de deportación. Solo el 3 por ciento de todo el dinero gastado ha estado destinado a la acogida e integración de personas inmigrantes o a la externalización a terceros países.

Las vallas fronterizas en torno a Ceuta y Melilla comenzaron a construirse en los años 90 en el momento en que España se incorporó al proceso de integración europea. Al principio eran simples verjas que se podían saltar con facilidad. Para su construcción y mantenimiento y la vigilancia de los perímetros se han destinado como mínimo 23 millones de euros. Estas vallas ya no separaban simplemente a España de Marruecos, sino que se han convertido en la única frontera terrestre de Europa con África.

Por su parte, el SIVE, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de las costas operado por la Guardia Civil implicó un gasto de 188 millones de euros según porCausa, y unos 230 millones de euros según El País, ofreciendo datos de la Guardia Civil.

El SIVE empieza a funcionar en 2002 en el Estrecho de Gibraltar. En el año 2005 se amplió a las Islas Canarias, Baleares, la costa andaluza, la región de Murcia, la Comunidad Valenciana y el resto del Mediterráneo español. Está compuesto por instalaciones fijas y móviles de cámaras de vídeo e infrarrojos y sensores de radar que controlan la costa de España.

Para la construcción y mantenimiento de las vallas y el SIVE se han concedido importantes cantidades de dinero a empresas como Indra o Dragados y también la malagueña, European Security Fencing (grupo Mora Salazar), empresa líder en producción de alambres de cuchillas que patentó en 2003 las concertinas que coronan la valla de Melilla y la que separa Serbia de Hungría.  Otras empresas que se benefician de este negocio, con diferentes contratos e importes, son Amper, Eurocopter, Atos, GMV, Siemens, Telefónica, Informática El Corte Inglés, Etel 88, Thales, Ferrovial, Proyectos y Tecnología Sallén, Eulen, Initec Infraest, Acciona y Telecomunicación, electrónica y conmutación.

Se da la paradoja, como denuncia el informe Guerras de frontera: los fabricantes y vendedores de armas que se benefician de la tragedia de los refugiados en Europa que algunos de los beneficiarios de los contratos de seguridad en las fronteras son los mayores vendedores de armas a la región de Oriente Medio y el Norte de África, alimentando el conflicto que es la causa de los procesos de exilio y refugio.

El negocio en relación a la detención y expulsión de inmigrantes en situación irregular conlleva la gestión de los centros de detención (CIE y CETI) y la organización de los viajes (vuelos y desplazamientos marítimos) para llevar a cabo el retorno.

La mayor cuantía de los contratos corresponde a las expulsiones que se hacen a través de los vuelos de deportación: en 2012 y 2015 dos contratos fueron adjudicados a las aerolíneas Air Europa y Swift Air por valor total de 23.865.600 euros. Las compañías cobraban entre 8.750 y 20.300 euros por vuelo, dependiendo de su capacidad, además de entre 1.500 y 2.750 euros por hora en tierra. Según se afirma en el artículo el negocio millonario del control de fronteras “Air Europa perdió a finales del año pasado el negocio de los llamados vuelos de la vergüenza. Evelop Airlines, Orbest y Air Nostrum se adjudicaron el jugoso botín: las repatriaciones —además de los traslados de inmigrantes dentro del territorio nacional— les supondrán un ingreso de más de 11 millones de euros durante 18 meses.”

Aunque la Fundación Por Causa no han podido demostrar de momento, que en España ciertas empresas hayan logrado ejercer influencia en la elaboración de políticas públicas, la periodista de El País, Laura Delle Femmine escribe que en Europagrandes compañías proveen herramientas y ofrecen servicios a Estados y agencias comunitarias”, “pero no sólo eso, sino que además, participan en calidad de expertos en la elaboración de los informes encomendados por la UE sobre el futuro del sector de seguridad.”

En el artículo Cuatro empresas españolas, entre las que controlan el negocio de la seguridad en las fronteras, la periodista afirma que la empresa española Indra “ha gastado cerca de un millón y medio de euros en intentar influir en las políticas de defensa de las fronteras europeas, según el Registro de Transparencia de los grupos de presión de la UE, en datos recogidos por Stop Wapen Handel.”

Las consecuencias de este modelo migratorio

Fundación Por Causa concluye el informe preguntándose “¿para qué sirve todo el dinero y esfuerzo invertido en controlar los flujos migratorios?. Quienes crearon y justifican esta industria argumentan que todo lo que se hace es imprescindible para preservar la soberanía de los Estados. La realidad, sin embargo, es que el empeño de los países de destino para frenar los flujos migratorios consigue alargar las rutas y encarecerlas, pero casi nunca cerrarlas. Es lo que porCausa ha definido como la arquitectónica de la exclusión: un sistema férreo de control de fronteras que encuentra una resistencia no menos férrea en el despliegue de recursos y esfuerzos para saltárselas”

La lógica de este modelo tiene consecuencias humanitarias, “la consecuencia de una valla plagada de concertinas es el sufrimiento y la muerte de seres humanos que no han cometido ningún delito. En lugares de alto riesgo como el mar Mediterráneo, esta industria ha sido puesta al servicio de la detección de amenazas a las fronteras, pero no del rescate de las personas.”

Para ampliar información:

Repositorio de recursos sobre FRONTERA SUR

Fotografías de Wikipedia Commons

Esta información se inscribe en el Proyecto Stop Rumores en Málaga, participación ciudadana para promover la convivencia , una iniciativa de Málaga Acoge que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga. Este proyecto se incardina en la estrategia de lucha contra los rumores promovida por la Agencia Stop Rumores en www.stoprumores.com.


TAMBIÉN ESTAMOS HACIENDO…

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies