«Lo que pedimos es que se condene a los responsables»

«El Centro de Internamiento de Extranjeros era un lupanar regentado por varios policías que se aprovechaban de la situación de privación de libertad de las internas para mantener relaciones sexuales gratis o a cambio de prebendas como permitir llamadas con el móvil, mejoras en su situación de privación de libertad, bocatas o cerveza». Así de rotundo se muestra José Luis Rodríguez Candela, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, que acaba de presentar al escrito de calificación por los presuntos abusos ocurridos en el CIE en verano de 2006. «Lo que nosotros pedimos es que se condene a los responsables de lo ocurrido por los delitos sexuales y que el Estado sea también responsable por tener culpa in vigilando, es decir, porque sean delitos ocurridos dentro de una institución pública, sin vigilancia y con personas privadas de libertad», añade Rodríguez Candela.

El abogado recuerda que tras la denuncia sobre los presuntos abusos sexuales a varias mujeres internas en el CIE, en la que Andalucía Acoge actuó como acusación particular, la situación dentro del centro cambió: «Desde entonces en todos los turnos hay mujeres policías y mayor vigilancia. Aunque era algo que pedíamos desde el año 1999», subraya el abogado.

En el escrito de calificación presentado ante los Tribunales esta semana, Andalucía Acoge solicita hasta 36 años de prisión para los cinco policías acusados. La Fiscalía, por su parte, ha solicitado un total de 27 años de cárcel para esos cinco policías nacionales. Según anuncia la agencia Europa Press hace unos días «Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, los acusados, que entonces eran agentes de la Policía Nacional, organizaron en el CIE, ubicado en Capuchinos, en los turnos de trabajo de madrugada «cenas fuera de las habitaciones con las internas en las que bebían bebidas alcohólicas que facilitaban los agentes».

Tal y como se recuerda en la página web de Andalucía Acoge, el 22 de julio de 2006 la Comisaría Provincial de Málaga emite un comunicado de prensa ante el descubrimiento de hechos de considerable gravedad:

«En las inspecciones de seguridad que se realizan con carácter programado y habitual en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga, se han detectado actividades irregulares en el tratamiento de los internos que pudieran ser constitutivas de delito, que se llevarían a cabo en uno de los turnos concretos de trabajo, consistentes básicamente en la celebración de alguna fiesta nocturna en la que participaban internas y que podrían haber llegado a mantener relaciones sexuales con los funcionarios.»

Como consecuencia de ello, siete policías (cinco adscritos al CIE y los otros dos pertenecientes a Seguridad Ciudadana que reforzaban el turno de noche son relevados de sus funciones y puestos a disposición judicial, entre ellos el jefe de seguridad del centro. Tres de los agentes están acusados de abusos sexuales, y otros tres de omisión del deber de perseguir el delito. El jefe de seguridad es puesto en libertad y cesado de su cargo. Las presuntas víctimas podrían ser trece mujeres.

La Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes (de la que forma parte Málaga Acoge, asociación federada en Andalucía Acoge) exige que se investiguen los hechos en profundidad y hasta sus últimas consecuencias. Se solicita el cese del Director del CIE.

Los sindicatos policiales vuelven a subrayar la necesidad de que las extranjeras sean vigiladas por mujeres policías, una demanda que la plataforma ya venía haciendo desde hace más de diez años.

El día 18 de agosto de 2006 una testigo de los abusos policiales sufre un aborto en el CIE de Málaga. La mujer, de origen brasileño, sufrió una crisis tras producirse un altercado en el centro, y como consecuencia de ello, una fuerte hemorragia. El centro trasladó a la interna al hospital después de una hora. El tema es especialmente grave teniendo en cuenta que la chica tenía un embarazo de alto riesgo por lo que no tenía sentido alguno que permaneciese en el CIE, ya que no podía ser expulsada en esas condiciones (se vulnera el artículo 57.6 de la Ley de Extranjería en concordancia con lo previsto por el artículo 153.5 del Reglamento de desarrollo de esta Ley).

En vista de todo lo sucedido, las organizaciones Andalucía Acoge, Derechos Humanos y Médicos del Mundo piden la dimisión del subdelegado de Gobierno de Málaga. Además tras los hechos constatados en el proceso judicial, estas tres organizaciones solicitan también la dimisión del director general de la Policía, y reiteran nuevamente la solicitud de cese del director del CIE de Málaga. El día 24 de agosto es destituido el director del CIE como consecuencia de los hechos denunciados sobre supuestos abusos sexuales a mujeres inmigrantes por parte de agentes de la policía.

Las organizaciones Andalucía Acoge, ASPA y Médicos del Mundo, se encuentran personadas como acusación popular en este caso.

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