Un año más, este 18 de Diciembre “celebramos” el Día Internacional del Migrante. Y un año más conmemoramos este día con la persistencia de numerosas situaciones injustas que recaen sobre el colectivo migrante, injusticias que, paradójicamente, se siguen legitimando bajo el paraguas de políticas y leyes criminalizadoras de la inmigración. Como Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes de Málaga, no queremos pasar por alto esta fecha y denunciar dichas políticas migratorias deshumanizadas y contrarias a los derechos humanos, a través de cinco grandes realidades:
- En primer lugar, alzar la voz ante la indiferencia y silencio que rodean las muertes diarias de migrantes en el mar. En lo que llevamos de 2021 han fallecido intentando llegar a Europa a través de su frontera sur un total de 1.947 personas, una cifra que se acerca a las 2.271 en 2020. Víctimas en las fronteras marítimas, cuyas cifras son realmente solo una estimación pues el número será seguramente superior. La ruta más mortífera continúa siendo la del Mediterráneo Central, que une las costas africanas de Libia o Túnez con Italia y Malta, en la que se han dejado la vida 1.114 personas. En la ruta occidental, que se dirige a las costas españolas desde Argelia y Marruecos, las víctimas han sido 238 personas; finalmente, en la
ruta oriental, que se dirige a Grecia o Chipre, han muerto 17 personas. Por otra parte, en la ruta migratoria que une África Occidental con Europa a través de las Islas Canarias han fallecido un total de 568 personas. Ante este drama pedimos construir relatos, alejados de los números, en los que las personas puedan apelar a su condición desnuda de ser humano como fuente de derechos y reconocimiento de identidad; es necesario denunciar el silencio institucional a estas muertes de cada día que con ese silencio se convierten en argumento en favor de las posiciones antiinmigrantes. - Otro aspecto que queremos denunciar es el levantamiento, cada día más, de muros antiinmigrantes en la UE. Algunos tan emblemáticos como el de Berlín cayeron hace poco más de 30 años simbolizando el fin de una de las épocas más oscuras de Europa. Pero tres décadas después, la UE cuenta con alambradas y paredes de hormigón que multiplican por seis la longitud del muro de Berlín. A día de hoy, diez Estados miembros (España, Grecia, Hungría, Bulgaria, Austria, Eslovenia, Polonia, Letonia, Estonia y Lituania) cuentan con algún tipo de fortificación para frenar el paso de personas migrantes. Las alambradas se han
multiplicado en las últimas décadas pasando de dos en la década de los 90 a quince en 2019 según el informe Políticas del miedo y securitización en la Unión Europea.
Incluso Eslovaquia cuenta con un muro de separación interno para separar a la comunidad gitana. Y siguen creciendo. Recientemente, el Gobierno griego informó de que ha completado una valla de 40 kilómetros en su frontera con Turquía, un muro de 5 metros de alto, siguiendo el curso del río Evros. Por su parte, Turquía, está haciendo algo parecido en su frontera con Irán, en territorio de Kurdistán. En estos días, la construcción de ese muro, de 243 kilómetros de largo y bordeado de fosas, parece haberse acelerado ante el temor de que centenares de miles de afganos huyan de los talibanes en su país. Mencionar también que, a principios de julio, el Gobierno de Vilnius (Lituania) anunció la construcción de un muro físico de 500 kilómetros en su frontera con Bielorrusia, adonde se calcula que han llegado unas 4.000 personas en los últimos meses. El último turno, por ahora, le ha correspondido a Polonia, que este lunes anunció otro muro de 2,5 metros de altura para frenar lo que califica de «guerra migratoria» impulsada por Lukashenko.
- Nuestra preocupación también por los menores y extutelados. Aunque celebramos los avances del Real Decreto con el que se modifica la Ley de Extranjería para facilitar la obtención de permisos de residencia y trabajo para menores y jóvenes extutelados, sabemos que en los últimos años en la ciudad de Málaga se ha incremento el número de jóvenes procedentes del sistema de protección de menores que tras la mayoría de edad se encuentran en situación de emancipación jurídica, pero no social. Dejan de ser objeto de tutela, aunque continúan siendo sujetos de atención social ante el necesario acompañamiento que siguen requiriendo para su emancipación definitiva. Son jóvenes que, al cumplir los 18 años, se encuentran frente a una triple barrera: ser joven, ex-tutelado-a y en su mayoría extranjero-a, todas ellas características que les sitúan en el camino hacia la exclusión laboral y por tanto, social. La mayoría son varones y de nacionalidad marroquí. En Málaga existen un centenar de plazas en pisos tutelados. Pero los datos hablan de que en 2020 cumplieron la mayoría de edad en Andalucía más de 400 chicos no acompañados. Hay una evidente demanda de recursos. Son jóvenes que salen a la calle y se encuentra con la realidad del desempleo juvenil que oscila en un 29,7%, con el riesgo de exclusión social o de riesgo de pobreza como el 37,6% de los jóvenes de su edad, con la quimera de la contratación laboral donde la contratación temporal llega al 92,4% y las dificultades de acceso a la vivienda. Nuestras organizaciones que trabajan con ellos presentan a estos chicos no como números, sino mostrando sus nombres, sus caras, sus miedos, sus ambiciones, sus amores y de qué están huyendo. Pero este cobijar sueños se encuentra con enormes dificultades tanto de nuevos pisos como de medios para su protección en
su salida de la tutela. - Unirnos también a la petición de más de 300 organizaciones y 50.000 personas que piden al gobierno una regularización urgente de migrantes. Una amnistía de personas migrantes que cumplen con creces los requisitos de estancia y que han colaborado especialmente en la pandemia. Una pandemia que ha tenido profundas repercusiones económicas y psicosociales en países de origen, tránsito y destino, paralización del tránsito migratorio a escala mundial, suspensión de plazos administrativos, retrasos en la tramitación de solicitudes y expedientes y numerosas resoluciones desfavorables durante el estado de alarma. Nuestra
petición apunta que en el contexto actual de emergencia sanitaria mundial se garanticen los derechos de todas las personas que se encuentran en el territorio español con especial atención a aquellas más vulnerables como son las migrantes en situación administrativa irregular y las personas solicitantes de asilo de larga duración. En este sentido, creemos que el ejecutivo tiene una oportunidad para, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa y el camino iniciado por el gobierno portugués, garantizar los derechos de las personas extranjeras en España.
- Combatir los bulos y delitos de odio contra la población inmigrante.
Según el barómetro del CIS DE 2018, la inmigración es uno de los principales problemas que tiene España. Esta percepción coincide con la llegada de la extrema derecha a las instituciones políticas, que hacen de los bulos su campaña para generar odio y rechazo. En 2020, según el Ministerio del Interior, hay un mayor volumen de delitos de odio. En el ámbito de racismo y xenofobia se registran 485 delitos, el 36.4% del total. Los bulos que más se comparten entre la ciudadanía son los que hacen referencia a las ayudas o prestaciones públicas sólo para personas de nacionalidad extranjera, el colapso de los servicios sociales, el abuso en la utilización de los servicios sanitarios o que nos quitan el trabajo a los españoles. La realidad es que la nacionalidad no es requisito para la concesión de ayudas, que solo un 5.37% del total de usuarios de los servicios sociales en 2018 tenía nacionalidad extranjera, que las personas inmigrantes trabajan en los sectores más precarios, cobran mucho menos y son en muchas ocasiones explotados. El día de las migraciones es sobre todo una ocasión para “ponernos en el lugar del inmigrante”, como canta Chambao. Entender que somos distintos, pero iguales. Para abrir los ojos y ver las migraciones como un fenómeno tan antiguo como la propia humanidad, y que continuará como el día sigue a la noche, porque como escribe Rosa Montero “seguirán viniendo, y seguirán muriendo, pues no hay muro capaz de< contener los sueños”.
REALIDAD DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE
2021
En lo que se refiere a nuestra provincia, un año más la situación tampoco invita a la
celebración, y en este año 2021, tenemos que mencionar las siguientes cuestiones,
como principales dificultades de la población migrante en Málaga:
- El acceso a una vivienda digna
Sigue siendo uno de los principales caballos de batalla, la provincia (y
especialmente la ciudad de Málaga) está entre las más tensionadas en el mercado
inmobiliario, con enormes dificultades para acceder al mercado de viviendas en
alquiler y con precios totalmente desorbitados. Esta situación ha impactado desde
hace ya varios años en toda la población en situación o riesgo de exclusión social, y
por tanto se ha cebado muy especialmente con la personas migrantes y refugiados.
Es difícil precisar datos, porque a las propias administraciones les incomoda
mostrar la realidad, pero sólo en la ciudad de Málaga sabemos que al menos un
centenar de migrantes siguen viviendo en la calle. - Retrasos en las citas de comisaría
En la actualidad hay un enorme cuello de botella para poder obtener citas en las
comisarías de policía de la provincia de Málaga para poner la huella y renovaciones
de documentación. Mensualmente sale un número limitado de citas que se agotan
de inmediato y hacen que cualquier trámite se vuelva interminable.
- Dificultades de las empleadas de hogar:
En la provincia de Málaga, por sus características, hay un considerable número de
personas migrantes trabajando como empleadas de hogar, y este sigue siendo uno
de los colectivos más marginados. Además de las condiciones laborales que
muchas de ellas soportan y se ven obligadas a aceptar (especialmente en la
situación actual con la pandemia), las empleadas del hogar siguen sin verse
integradas en el Régimen General de la Seguridad Social, con lo que muchas no
cotizan por el paro con el agravio y la discriminación que eso conlleva. - Dificultades para acceder a los servicios sociales:
La situación creada por la pandemia, con restricciones en la atención personalizada
y el cierre de muchos servicios, ha llevado a que miles de personas con dificultades
para acceder a las nuevas tecnologías, no tengan donde acudir y se queden
atascadas en continuas llamadas telefónicas a las que nadie contesta, o con citas
con demoras de varios meses que convierten en una terrible carrera de obstáculos
poder realizar cualquier gestión o conseguir explicar a alguien la situación social
que se está padeciendo. Esto ha tenido un impacto muy considerable, en la
población migrante en nuestra provincia, y muy especialmente en los más
vulnerables: personas solas, de más edad, con menor formación y más problemas
de comunicación. - Dificultades para acceder al Ingreso Mínimo Vital
A los problemas de alfabetización tecnológica, se suman también en este caso los
enormes requisitos burocráticos para acceder al IMV, con complejísimas gestiones,
que se demoran enormemente y llevan a que numerosas familias que no tienen
siquiera ingresos para comer, sigan sin recibir esta ayuda. Este problema se
complica aún más ante las dificultades para acceder a una vivienda, ya que en
muchos domicilios figuran empadronadas (como favor personal) personas que no
habitan realmente ahí, pero eso implica que el arrendatario no podrá acceder a
dicha ayuda aun cuando la necesite de forma urgente.
