Gabriel Ruiz: «es más cómodo echar la culpa al inmigrante»

Los rumores sobre el acaparamiento de las ayudas públicas y la atención sanitaria por parte de las personas migrantes son un realidad en nuestra sociedad. ¿Quién no ha escuchado alguna vez que los inmigrantes se llevan todas las ayudas o que copan los servicios de salud saturando las urgencias? Esta rumorología viene a confirmarse en el informe de 2017 Opiniones y Actitudes de la Población Andaluza hacia la Inmigración (OPIA) del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones.

La gente necesita “echarle la culpa a alguien y en vez de buscar a los responsables de la situación hacia arriba termina mirando hacia al lado”, subraya el técnico de Intervención Social de Médicos del Mundo en Málaga, Gabriel Ruiz, quien recuerda que estos rumores negativos en torno a las personas migrantes se agudizan en situaciones de crisis económica

Cuando una persona está esperando que le llamen en la cola de un centro de salud “basta con que haya una persona más oscura de piel o con un acento distinto para que salga a pasear el racismo que lamentablemente todavía llevamos dentro”. Porque resulta más cómodo echar al otro la culpa de la tardanza que poner una reclamación por los retrasos.

Ruiz se pregunta si en lugar de competir entre pobres, no debemos exigir en la ventanilla del centro de salud que haya más personal para atender a todas las personas que hay en la cola. Y es que la gran mayoría de los ciudadanos no presenta reclamaciones por escrito en el sistema sanitario español y ese es el argumento que usa la Administración «para decir que no existe ningún problema”.

Se refiere al Real Decreto Ley 16/2012 que, en su opinión, “dilapidó el sistema sanitario público español y acabó con el concepto de salud universal”.  Este decreto, que habla de “asegurados” en vez de “usuarios” con una concepción “radical y mercantilizada” de la salud afectó a toda la población aunque “deliberadamente y para desviar la atención se presentó como que afectaba sólo a las personas inmigrantes”. Y lo sufrieron de lleno los pensionistas a los que se retiró el derecho a tratamiento de forma gratuita, y los españoles que habían tenido que salir al extranjero a trabajar y a su regreso se encontraban sin derecho a atención sanitaria.

El propio decreto difundió el rumor de que las personas migrantes no tenían derecho a la atención sanitaria en ninguna comunidad autónoma cuando en Andalucía se alcanzó un compromiso para que sí lo tuvieran. Esta rumorología llevó a que en muchos centros de salud andaluces no se gestionase la cobertura sanitaria a personas inmigrantes. “Incluso después de que la Consejería de Salud emitiese a través del Servicio Andaluz de Salud unas recomendaciones claras, en muchos centros se les negaba la atención”.

Hoy día, advierte, “casi cada semana detectamos casos de alguna persona migrante a la que le han denegado la atención sanitaria en algún centro de salud en Andalucía”.

Según Ruiz “todo el mundo debería conocer en profundidad” este decreto-ley que define como “una de las mayores chapuzas legislativas que se ha hecho en España en el ámbito sanitario” y, sin embargo, “hemos tenido enfermeros en prácticas en Médicos del Mundo que no han oído hablar de él, lo que no nos parece casual”.

Frente a los falsos rumores de que los inmigrantes copan los servicios sanitarios, Ruiz argumenta que para estas personas, jóvenes y sanas en su mayoría,  «la salud no es una prioridad: no está entre las cuatro o cinco cosas importantes de su escala de necesidades: Les preocupa más tener la documentación en regla, tener trabajo y una vivienda”.

Punta del iceberg

Cuenta que algunas de las personas que atienden en Médicos del Mundo llegan ya con un problema grave de salud y cuentan que uno o dos años antes recibieron una negativa en el hospital y ya no volvieron a intentarlo. “No vemos la gran mayoría de los casos de denegación del derecho a la atención sanitaria, que quedarían como la parte oculta del iceberg. Detectamos una mínima parte”.

Los rumores se producen muchas veces por falta de información y pueden estar entre el propio personal del centro de salud. Por ejemplo, cuando el funcionario que está en la ventanilla le dice a un usuario que no tiene derecho a médico por no tener los papeles en regla. Y es que “aún se piensa que el sistema sanitario se paga a través de las cotizaciones a la seguridad social y no a través de todos los impuestos generales del estado”. De esta forma, “cuando un señor marroquí o nigeriano está comprando un botella de agua, echa gasolina a una moto o compra un billete de autobús está financiando el sistema sanitario público”.

En el caso de Málaga, las personas migrantes encuentran más problemas de acceso al sistema sanitario en la provincia o en determinadas comarcas debido a la desinformación en el centro de salud o porque no es frecuente que haya personas extranjeras. El problema más frecuente está en personas que llegan al centro de salud y les dicen que no tienen derecho a atención sanitaria.

En la zona de la Costa del Sol se da una confusión entre el turismo residencial y las personas inmigrantes.  En este sentido, algunos investigadores apuntan que en el caso de la Sanidad la rumorología se orienta más a los extranjeros occidentales y al llamado turismo residencial. Se ha difundido el rumor de que muchos ingleses con dinero y pensiones elevadas venían a operarse gratis en hospitales españoles, lo que -a su juicio- no es así porque la legislación comunitaria en relación al derecho a la atención sanitaria se lleva aplicando desde hace más de quince años”.

En cuanto a las mujeres migrantes, el también portavoz de la Plataforma de Solidaridad con los y las Inmigrantes de Málaga, cuenta que es “muy llamativo” que ha habido casos de denegación de cobertura sanitaria a embarazadas, una situación cubierta en el decreto-ley. “Nos llama la atención que sigamos detectando dos o tres casos al año en los que no se le ha gestionado la cobertura sanitaria a mujeres migrantes embarazadas”, advirtió. También hay muchos casos de personas inmigrantes con permiso de residencia que no tienen cobertura sanitaria porque quedan fuera de los supuestos en los que podrían ser asegurados o beneficiarios de un asegurado, como por ejemplo una mujer empleada de hogar que logra traerse a su madre y aunque consigue reagruparla esta carece de cobertura porque el decreto no reconoce el derecho a los ascendientes.

También la atención en urgencias es un derecho reconocido en el decreto-ley y, sin embargo, “en el hospital Carlos Haya, cuando una persona tiene un acento distinto o un aspecto extranjero le hacen firmar un compromiso de pago antes de atenderle, una práctica abusiva que ha convertido la atención en urgencias en un derecho que tienes que pagar porque por norma se les pasa una factura».

“El sistema sanitario español aplica una norma que perjudica a las personas en situación de mayor precariedad”, concluye.

Esta entrevista se inscribe en el Proyecto Stop Rumores en Málaga, participación ciudadana para promover la convivencia , una iniciativa de Málaga Acoge que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga. Este proyecto se incardina en la estrategia de lucha contra los rumores promovida por la Agencia Stop Rumores en www.stoprumores.com.


TAMBIÉN ESTAMOS HACIENDO…

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies