Actualizado hace 9 años – Publicado el 23 de junio de 2009
Artículo de opinión de Elena Muñoz Rodríguez, presidenta de Málaga Acoge, publicado en el diario SUR el 20 junio de 2009.
Los Centros de Internamiento de Extranjeros carecen de justificación y además vulneran el ordenamiento legal, sostiene la autora. El mensaje de «mano dura» que, en su opinión, pretende dar la Administración con ellos resulta inútil
ESPAÑA cumplirá el próximo año veinte años encerrando a inmigrantes deseosos de trabajar y de un futuro mejor y que, en cambio, son tratados como delincuentes peligrosos, sin serlo, y retenidos hasta cuarenta días en vergonzosos centros. Estas ‘cárceles encubiertas’ -los Centros de Internamiento de Extranjeros- custodian, de la forma más dolorosa y con continuas infracciones de la legislación vigente, a personas indocumentadas pero, en la mayoría de los casos, arraigadas en nuestros pueblos, familias y corazones. La privación de libertad, según todo nuestro ordenamiento jurídico, es una medida excepcional que sólo debe ser utilizada, en último extremo, ante la comisión de un delito. En cambio, en el caso de la inmigración, la reclusión en los CIEse utiliza para intentar controlar los movimientos migratorios. Pero, ¿a qué responde realmente este uso excesivo por parte de las administraciones? Según datos oficiales, el número de indocumentados en España ronda los 700.000. Sin entrar en cálculos complejos, y de acuerdo a datos del Gobierno, desde el CIE de Málaga -que cuenta con unas 100 plazas- se expulsaron durante el año 2007 a 2.190 personas. Y a esto, hay que sumarle las 1.579 personas que, sin ser finalmente expulsadas, quedaron condenadas a la ‘muerte civil’. Si en España hay diez instalaciones de este tipo reconocidas, un cálculo prudente apunta a que unas 22.000 inocentes son expulsados anualmente desde estos centros, apenas el 3% del total de indocumentados. Las cifras son contundentes. Es obvio pues, que la premisa de que los CIE son herramientas adecuadas para el control de los ‘sin papeles’ es errónea. Tras sus puertas se encuentra la incompetencia de la Administración para trabajar de manera seria un fenómeno que traspasa las fronteras y el intento de mandar un mensaje de mano dura contra la inmigración irregular. El pasado año la UE, con el voto favorable de gran parte de los europarlamentarios españoles, aprobaba el aumento del tiempo de retención en estos centros y la posibilidad de internamiento de menores de edad. Esta medida no hará si no incrementar la agonía y el sufrimiento de las personas internadas en unas dependencias que, en muchos casos, cuentan con unas deplorables condiciones; están gestionados desde la arbitrariedad e impiden el acceso de las organizaciones sociales y su consiguiente fiscalización social. Lo que sumada a la precariedad jurídica hace aún más sinsentido estas ‘cárceles’ en un Estado democrático. Por poner cara a esta sinrazón, el caso de la familia Morobo: una familia sudanesa formada por un matrimonio y su pequeño hijo de 2 años. Tras un largo camino de más de un año huyendo de un profundo conflicto bélico fueron interceptados por las autoridades españolas a bordo de un cayuco en la costa granadina. Ingresados acto seguido en el Centro de Internamiento de Capuchinos en Málaga, y tras pasar veinte días separados y en condiciones infrahumanas, fueron expulsados a Nigeria. Sin absolutamente nada, esta familia fue abandonada a su suerte por el gobierno español con un menor en un país desconocido. La reivindicación del cierre del CIE de Capuchinos no es sólo una petición de las organizaciones sociales, que exigimos el cierre de todos los centros del país y no entendemos que se pueda privar de libertad a una persona que no ha cometido ningún delito. Las condiciones de este centro también han sido denunciadas por los defensores del pueblo, estatal y andaluz, por diferentes comisiones parlamentarias, diputados, el fiscal de Extranjería de Málaga, asociaciones de vecinos, el pleno del Ayuntamiento y diferentes sindicatos de policía. Tan sólo el subdelegado del gobierno, Hilario López Luna, respalda el aumento del tiempo de internamiento.. Una falta de sensibilidad impropia de un Gobierno de izquierdas. Una vez aclarado que los CIE no son una herramienta útil para el control de flujos migratorios, una vez puesto de manifiesto que están plagados de irregularidades en su funcionamiento, que suponen un alto coste para el ciudadano y que sin duda son una violación de todos los convenios de derechos , reitero la pregunta, ¿a qué responde su existencia? Los gobiernos, a través de los CIE pretenden enviar un mensaje disuasorio a los inmigrantes, pero este es imperceptible cuando de fondo suenan los ecos de los conflictos y del hambre. Vivir en un mundo con fronteras cerradas no es un planteamiento muy realista. El aleteo de una mariposa aquí produce un efecto incalculable en cualquier otra parte del planeta. Nuestra contaminación genera sequías que producen profundas hambrunas y enormes éxodos, por poner solo un ejemplo. Los CIE son reales pero no realistas. La única verdad pasa por el respeto de los derechos humanos, el desarrollo de los países de origen y la conciencia de que nuestras fronteras ya no están en España ni en Europa, sino en la creencia de que todos los seres humanos somos iguales.
