El Departamento de Vivienda de Málaga Acoge trabaja diariamente con familias con graves problemas para acceder a una vivienda digna, a pesar de ser un derecho reconocido por la Constitución y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Mary caba de ser desahuciada de su vivienda. La familia, como otras miles, ha tenido problemas económicos. Ahora quiere rehacer su vida en un piso de alquiler. Pero por mucho que llama a las ofertas que ve en el mercado, nadie quiere alquilarle un piso. “Su origen africano parece ser un obstáculo demasiado grande para los propietarios”, cuenta Mercedes Lobede, técnica del Departamento de Vivienda en Málaga Acoge. La situación administrativa irregular del marido de Mary también les ha acarreado problemas para escolarizar en la guardería a su niña, aunque tras las gestiones de la asociación el objetivo se ha cumplido y la pequeña ya acude cada día a clase.
El caso de esta familia es uno de los muchos que cada día trata Mercedes. “Las situaciones de desempleo de larga duración han generado falta de ingresos estables, falta de medios para satisfacer las necesidades básicas de vivienda, alimentación e higiene”, explica la técnica del Departamento de Vivienda. Situaciones que se ven agravadas especialmente para las mujeres, que en muchos casos son los que sostienen a las familias. “Por eso en muchas ocasiones se precisa mediación intercultural, no sólo en información y orientación inicial, sino también en el seguimiento posterior y el acompañamiento”, cuenta Mercedes, que es la encargada de todo ese trabajo.
Un día a día en el que superar numerosos problemas. Porque hay decenas de familias con situaciones complicadas. Es el caso de una familia con dos hijos en el que sólo el marido cobra el desempleo –que no llega a 500 euros- y a los que está resultando imposible encontrar casa por no tener una nómina. O el de otra unidad familiar con seis personas (padre, madre y cuatro hijas) que apenas tienen ingresos y buscan una vivienda que se acerque a los 350 euros y cerca del colegio de las niñas, “algo que se hace extremadamente difícil. Sin olvidar que el 80 por ciento de los propietarios que alquilan una vivienda exigen como principal requisitos una nómina o contrato de trabajo”, subraya Mercedes.
Por eso, cada día tanto Mercedes como los voluntarios del departamento se encargan de gestionar, mediar con las administraciones o los propietarios, buscar los pisos más apropiados para cada caso e intentar ayudar de la mejor manera posible a las numerosas familias que acuden con problemas de vivienda. Pero también se proponen soluciones: Desde el aumento de las ayudas para el fomento del alquiler desde las administraciones hasta facilitar el acceso a viviendas de protección oficial a personas que están en exclusión social, “dando prioridad a familias donde los progenitores sean desempleados de larga duración y con hijos menores a su cargo”, concluye Mercedes.
