Un informe elaborado por profesores de varias universidades españolas reclama el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) por considerar que atentan contra los derechos humanos de las personas internas además de ser costosos, inconstitucionales e ineficientes y busca aportar argumentos consistentes para apostar por su desaparición.
El documento «Razones para el cierre de los CIE; del reformismo a la abolición», elaborado por el Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI), ha sido presentado hoy en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga con la presencia de cinco de sus autores.
Después de treinta años de vigencia, «los CIE hay que cerrarlos y en este informe argumentamos la necesidad de su abolición definitiva», ha dicho la directora del OCSPI y profesora de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga (UMA), Elisa García España, quien ha agregado que el informe es el «análisis de una política pública fracasada».
Para el profesor de Derecho penal de la UMA Alberto Daunis la de los CIE «es una historia completa de dolor y lesión de derechos desde 1985 hasta la actualidad», ya que desde entonces «la regulación del internamiento ha sido inexistente» y «se han quebrantado los derechos a la salud, a la información y tutela jurídica efectiva y a la intimidad familiar».
Según Daunis, miembro del grupo de investigación «Colectivos en los márgenes del Derecho», la construcción de los CIE significa «una absoluta regresión en el ámbito de los derechos humanos porque priva de libertad a colectivos que no han cometido ningún delito por el hecho de ser extranjeros y pobres».
De su lado, la catedrática de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, Margarita Martínez Escamilla, no piensa que sea viable la postura reformista que aboga por mejorar estos centros, «ya que los Gobiernos han hecho poco y han venido demostrando un nulo o escaso interés por los derechos de las personas migrantes». En este sentido, ha puesto como ejemplo el CIE de Algeciras, que continúa abierto a pesar de las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Martínez ha aportado datos de la ineficacia de los CIE, ya que sólo un 23,8 por ciento del total de las expulsiones que se realizaron en 2016 fueron a través de los CIE. Además, de las personas que fueron internadas en estos centros sólo el 29 por ciento fue expulsado. El resto fue puesto en libertad.
«Los CIE son desproporcionados. Generan daño. El trauma del encierro se suma a los generados por los periplos migratorios y ya que son pocas las expulsiones no se justifica su existencia».
La catedrática ha denunciado la utilización de «autos colectivos que decretan el internamiento en los CIE de treinta o cuarenta personas a la vez», lo que constituye, en su opinión, «una burla al derecho de defensa», además del hecho de que se encierra en estos centros a menores de edad y víctimas de trata.
Los CIE, además, son costosos. Así lo ha apuntado el profesor de derecho penal y criminología de la Universidad de Cádiz Diego Boza, quien ha cifrado en ocho millones de euros anuales el costo de estos centros al erario público. Cada interno cuesta diariamente 17 euros, sin incluir gastos de los agentes policiales y los gastos de los vuelos de las expulsiones. «Malgasto de dinero, ineficacia y el coste humano que representa estar sesenta días privado de libertad».
Boza ha considerado que la alternativa a los CIE está en la construcción de otra política migratoria distinta, ya que treinta años de políticas migratorias como la actuales han producido 6.000 muertes sólo de personas que han tratado de alcanzar las costas españolas.
Se ha referido a otras medidas viables en sustitución del internamiento en estos centros, como la retirada del pasaporte, la geolocalización o las casas de acogida y ha incidido en que «el papel de los CIE es visibilizar una política de criminalización del inmigrante».
También ha intervenido en la presentación el catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política Javier de Lucas, quien ha recordado que los CIE están presentes en toda Europa: «No son sólo una institución española ni un problema de Gobiernos de derechas», ha advertido.
Para De Lucas, también director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, «los CIE son el lugar para proceder a la expulsión de los desechos humanos» en momentos en los que vivimos «una recolonización de nuestras sociedades».
Según sus autores, el informe quiere ser un instrumento de diálogo, una herramienta política y de sensibilización.
El director de Málaga Acoge, Alejandro Cortina, quiere ir más allá y plantea el reto de convertir este documento académico en una proposición de ley que lleve al Congreso de los Diputados la exigencia del cierre de los CIE. «Os planteo el reto de transformar este informe en una proposición de ley por el cierre de los CIE», ha propuesto durante la presentación.
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