La abogada canaria experta en materia de Extranjería Loueila Sid Ahmed aseguró el viernes en Málaga que «lo que realmente tenemos en Canarias es un drama humanitario» y no una situación de «avalancha», «desborde» o «crisis» migratoria como está siendo percibida. Durante su participación en las Jornadas Ruta Canaria : ¿Qué hacer desde la frontera sur?, organizadas por la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga, abogó por vías legales para que las personas migrantes no tengan que jugarse la vida en el mar. En 2023 llegaron a las islas 40.000 personas de forma irregular y al menos 6.000 fallecieron porque quisieron buscar una vida mejor a través de la ruta migratoria más mortífera.
Loueila, integrante de la Plataforma Canarias Libre de CIE, afirmó que la Frontera Sur tiene en común las situaciones de vulneraciones de derechos humanos donde las personas migrantes son tratadas como una amenaza, deshumanizadas, «como los nadie de Galeano». Criticó que 30 años después de la llegada de la primera patera a Canarias sigamos «igual». Sobre la percepción que se tiene de la migración en Canarias, en buena parte proyectada por los medios de comunicación, advirtió que es parcial al centrarse en los cayucos llegando, las mantas de la Cruz Roja, y se preguntó por qué ningún medio «va, por ejemplo, al Consulado de Agadir y escribe por qué no conceden visados para salir en avión. ¿Por qué nadie cuenta que miles de visados son denegados en los consulados españoles de los países de origen?».
En las jornadas, organizadas el 18 y 19 de octubre en la Biblioteca Provincial de Málaga, advirtió de que si consultamos las cifras estadísticas del INE de 2023 no se percibe ese colapso y esa crisis migratoria. De las 2.213.016 personas censadas en Canarias, 477.204 son extranjeras y 49.019 de África, la mayor parte de Europa.
De las 40.000 personas que llegaron a Canarias de forma irregular en 2023, más de la mitad provenían de los países del Sahel y 5.000 de Marruecos. Entre ellas, niños solos , mujeres que convertimos en vulnerables en el camino, familias separadas, refugiados y refugiadas, personas -menores en ocasiones- que acusamos de ser patrones de la embarcación y encarcelamos, advirtió Loueila.
«Hay que pensar por qué la gente no puede en pleno siglo XXI moverse con facilidad cuando huye. Hablan de mafias que se lucran, pero si quieren frenarlas deben crear políticas de visados«, afirmó, y agregó que el negocio real está en la construcción de las fronteras.
Louelia explicó los procedimientos en frontera previos y posteriores al año 2020 y apuntó cómo la línea entre la detención y la libertad comenzó a difuminarse desde este año con la creación de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Se refirió a la situación que se dio en el Muelle de Arguineguín, convertida en una gran comisaría, donde estuvieron hacinadas decenas de personas en una situación lamentable, un hecho por el que no se ha asumido ninguna responsabilidad jurídica ni política, y que ha sido denunciado por detención ilegal. También habló del CATE de Arrecife «la nave de la vergüenza», en Lanzarote, que cerró en 2023. «Todo es improvisación, tiritas y parches, políticas migratorias fallidas» cuando la gente «se juega su vida para llegar y se les trata como a ganado», lamentó la jurista saharaui.
Sobre los CATE, que sustituyen a partir de 2020 a las comisarías de Policía como centros de detención, recordó que no están regulados. En estos centros los abogados atienden de forma colectiva a los internos. «Se da una criminalización de las personas migrantes y prevalece la condición de persona extranjeras por encima de cualquier otra». Según la jurista, de la Comisión de Extranjería y Derechos Humanos de colegio de abogados de Lanzarote, la asistencia letrada en los CATE debía ser individualizada, es inadecuada en cuanto a tiempo y espacio y existen dificultades con la interpretación.
En cuanto a los menores extranjeros no acompañados en Canarias, 5.500 actualmente, los definió como «la diana del discurso del odio». Informó de que existen denuncias por vulneraciones de derechos durante su tutela por distintas asociaciones, «niños que no están escolarizados, que han sido maltratados o que se han fugado de los centros» cuando hay que preservar el interés superior del menor, su derecho a ser oído y a su representación jurídica.
Se refirió a la vinculación que se hace entre migración e inseguridad y argumentó que «la gente no delinque por migrante sino por pobre». Negó que haya un problema de seguridad en Canarias y abogó por «garantizar la integración» porque cuanto más preservemos los derechos de las personas «más seguridad tendremos».
En el turno de preguntas volvió a referirse a los menores que son detenidos acusados de ser patrones de pateras. «Tenemos a jóvenes migrantes que quieren viajar condenados por ser patrones, a veces sin pruebas. Es un juego muy perverso, la mayor criminalización a la migración irregular», opinó.
En las jornadas también intervinieron compañeras de CEAR, el investigador de las Palmas de Gran Canaria, Dagauh Koneman, y Redwan Baddouh, miembro de la Red Ciudadana de Lanzarote.
