Hoy ha entrado en vigor la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana tras su publicación ayer 31 de marzo en el Boletín Oficial del Estado. Esta Ley, además de contemplar recortes de derechos para el conjunto de la ciudadanía, introduce una Disposición Adicional Décima en la Ley de Extranjería cuyo objetivo es proporcionar cobertura legal a las devoluciones sumarias de inmigrantes que se producen en las fronteras de Ceuta y Melilla, las denominadas devoluciones en caliente.
Poco han importado las protestas del conjunto de entidades que trabajamos por los derechos humanos, así como las llamadas de atención de juristas, organismos nacionales e internacionales como el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y del resto de formaciones políticas con representación en el Parlamento. Finalmente, la norma ha sido aprobada a pesar de que no subsana la vulneración de los Tratados internacionales ratificados por España y que por ello forman parte de nuestro Ordenamiento jurídico, de la normativa comunitaria, de la Constitución y de los principios básicos de nuestro Estado de Derecho.
Tras la aprobación de esta Ley, se legalizan las devoluciones de quienes sean detenidos en el vallado fronterizo, sin necesidad de procedimiento administrativo alguno ni garantías como derecho a la defensa jurídica e intérprete. Además, y aunque se especifica que las solicitudes de protección internacional “se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos”, se deja la puerta abierta a la exclusión del derecho de asilo a miles de personas provenientes de países en conflicto que intentan acceder a nuestro país, vinculando indebidamente este derecho a la forma de entrada en territorio español.
Desde Andalucía Acoge insistimos en que, aunque el Gobierno haya dado cobertura legal a las llamadas “devoluciones en caliente”, no por ello deja de ser una práctica contraria a los estándares mínimos internacionales de protección de los derechos humanos y a la propia normativa internacional cuyo máximo exponente es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por este motivo, esperamos que los agentes habilitados por la Constitución permitan que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse al respecto, por lo cual alentamos y apoyaremos cualquier recurso de inconstitucionalidad que sea presentado contra esta gravísima vulneración de los derechos fundamentales.
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