La Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga ha denunciado en un comunicado la decisión del Ayuntamiento de cerrar el actual albergue municipal en 2025 y externalizar su gestión, porque pone en riesgo un servicio social esencial para las personas sin hogar en la ciudad.
«Esta privatización no mejora la calidad de vida de las personas sin hogar; al contrario, debilita una red crucial para las personas más vulnerables», ha advertido Luis Pernía, presidente de la Plataforma, que agrupa a más de una veintena de entidades sociales en Málaga y a la que pertenece la entidad.
El modelo anunciado por el Ayuntamiento malagueño contempla la sustitución del albergue municipal, ubicado en barrio de El Bulto, por tres centros externalizados con una capacidad mínima de 35 plazas cada uno, distribuidos en distintos distritos de Málaga. La licitación, que incluye un presupuesto de 11.475.896,71 euros para cinco años, ha generado preocupación por la calidad asistencial y el futuro laboral de los empleados actuales.
El nuevo modelo supondrá una reducción significativa de la plantilla actual de 39 trabajadores, afectando a áreas críticas como cocina y atención psicológica, por lo que esta medida tendrá un impacto directo en la calidad de los servicios ofrecidos a las personas sin hogar.
La Plataforma ha advertido de un deterioro en la atención integral a las personas sin hogar, ya que el nuevo enfoque prioriza la rotación rápida sobre las intervenciones prolongadas necesarias en salud mental y reinserción social. Además, ha criticado la falta de garantías sobre la subrogación del personal y la
ausencia de detalles sobre coordinación y recursos básicos como la alimentación, que generan gran inquietud entre las personas trabajadoras.
“Esta decisión podría ser el primer paso hacia el desmantelamiento de los servicios sociales municipales”, ha alertado Pernía, quien también ha expresado su preocupación por el futuro del inmueble actual, ubicado en una zona potencialmente atractiva para la especulación urbanística.
Ante esta situación, la Plataforma exige garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores afectados, mantener una gestión pública que priorice la atención digna a las personas sin hogar, y asegurar recursos suficientes para cumplir con los objetivos asistenciales establecidos.
“Hacemos un llamamiento a la ciudadanía y a las autoridades competentes para que reconsideren esta decisión que pone en riesgo un servicio social esencial para las personas más vulnerables”, ha concluido.
