Con nuestro nuevo artículo en el espacio Málaga Solidaria de La Opinión de Málaga queremos invitar a la reflexión: el racismo no sólo se expresa en los discursos de odio o en las actitudes individuales, también puede estar presente en las instituciones, en las decisiones públicas y en las prácticas cotidianas que afectan a las personas migrantes y racializadas.
En un momento en el que la regularización extraordinaria sigue siendo una reivindicación urgente para miles de personas, resulta imprescindible señalar cómo determinadas estructuras y dinámicas institucionales pueden agravar la exclusión y dificultar el acceso a derechos básicos. Hablar de racismo institucional es hablar de barreras reales que impiden vivir con dignidad, acceder a oportunidades y participar plenamente en la sociedad.
Desde Málaga Acoge creemos que denunciar esta realidad es un paso necesario para construir una ciudad más justa, más diversa y más humana. Por eso compartimos este artículo, como una invitación a pensar, cuestionar y seguir defendiendo una convivencia basada en los derechos humanos, la igualdad y el respeto. La puedes leer a continuación:
En pocas semanas, miles de vecinos y vecinas de Málaga que hoy viven en situación administrativa irregular podrán iniciar, por fin, un camino hacia la estabilidad gracias al proceso de regularización extraordinaria anunciado por el Gobierno. Sin embargo, el mensaje que reciben desde su propio Ayuntamiento es otro: una moción aprobada por el Pleno municipal con el voto favorable del PP, que los señala, los ofrece como chivo expiatorio y les convierte en una amenaza para la convivencia.
Desde Málaga Acoge, como parte de la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga, nos parece una contradicción tan profunda como peligrosa. Mientras el país se prepara para reconocer formalmente a quienes ya forman parte de nuestra sociedad, el principal órgano de representación municipal decide respaldar un discurso discriminatorio, apuntarles con el dedo, ponerles un foco de sospecha y alimentar el miedo en lugar de la convivencia.
La moción aprobada en el Ayuntamiento el pasado 26 de febrero no es un mero gesto simbólico ni una simple disputa partidista. Es un texto plagado de prejuicios y bulos sobre las personas migrantes y sobre el propio proceso de regularización, que presenta a quienes podrían acogerse a esta medida como una amenaza para la seguridad, la economía o la convivencia en los barrios. Cuando desde un salón de plenos se legitima ese relato, se abre la puerta a que el racismo encuentre un respaldo institucional.
No hablamos de diferencias sobre los detalles de una política pública. Hablamos de un discurso que señala a una parte de los y las vecinas de esta ciudad como un problema, la responsabiliza de males que tienen su raíz en decisiones políticas y estructurales y la convierte en chivo expiatorio de frustraciones colectivas. Eso es incompatible con un Estado de derecho y con una ciudad que se quiera democrática y segura para todas las personas que la habitan.
Resulta especialmente grave si recordamos que, no hace tanto, el propio alcalde apelaba a “extremar el cuidado de la convivencia” cuando se trataba de otros debates. Hoy, ese compromiso se queda en palabras vacías mientras su gobierno apoya una moción que se sitúa en las antípodas de esa idea de cuidado. Una cosa son los discursos amables en días señalados; otra, bien distinta, es el contenido real de las decisiones que se votan y se aprueban.
Las palabras de un pleno no caen en saco roto. Cuando una institución da por buenas afirmaciones que criminalizan la migración, legitima que esas mismas frases tengan eco en la calle, en el trabajo, en la escuela o en las redes sociales. Quienes las sufren no son “nadies”, sino personas con nombre y rostro, muchas de ellas niñas y niños que han hecho de Málaga su hogar. La distancia entre un titular y una agresión verbal o física es, por desgracia, más corta de lo que parece.
A esta deriva se suma un elemento que duele especialmente: el silencio del alcalde ante el clamor del tejido asociativo malagueño. Desde la Plataforma solicitamos una reunión urgente para abordar lo ocurrido, explicar el daño causado y pedir pasos concretos para repararlo. Han pasado las semanas y no hay respuesta. Ante esa ausencia de diálogo real, la Plataforma decidió suspender su asistencia a los actos institucionales o protocolarios organizados por el Ayuntamiento, empezando por el Día Internacional contra el Racismo el 21 de marzo. No podíamos normalizar con nuestra presencia a unos responsables municipales que estigmatizan a nuestros vecinos y vecinas.
Todo esto pasa a las puertas de un proceso de regularización extraordinaria que puede cambiar la vida de miles de personas que ya viven aquí. Hablamos de hombres y mujeres que trabajan en la hostelería, en el cuidado de personas mayores y dependientes, en el campo, en la construcción, en el servicio doméstico; de jóvenes que estudian en nuestros colegios, institutos y universidades; de familias que llevan años tejiendo barrio en Málaga. No son una amenaza: son parte de la solución y sostienen silenciosamente nuestra economía y nuestro bienestar.
La regularización no es un privilegio sino una cuestión de derechos. Es una herramienta para poner orden donde hoy hay inseguridad jurídica, para reducir la economía sumergida, para garantizar derechos básicos y responsabilidades claras. Supone reconocer que no podemos seguir sosteniendo un modelo que se beneficia del trabajo de miles de personas a las que, al mismo tiempo, se mantiene en la sombra, sin papeles y sin voz. Permitir que salgan de esa invisibilidad es una cuestión de justicia, pero también de inteligencia colectiva.
Desde Málaga Acoge lo sabemos bien, porque cada día vemos cómo cambia la vida cuando una persona consigue un permiso de residencia y trabajo. El acceso a un contrato digno, a una vivienda, a la posibilidad de vivir en familia, de no tener miedo por el futuro, transforma no sólo su horizonte, sino también el del barrio en el que vive. Por eso nos parece tan grave que, justo en este momento, el Ayuntamiento impulse una moción que va en sentido contrario, alimentando el miedo y la sospecha.
La Málaga que hemos construido entre todas no se reconoce en ese discurso, no lo merece. Esta ciudad se ha caracterizado por su diversidad, por la capacidad de acoger, por el trabajo conjunto de entidades sociales, parroquias, asociaciones vecinales, colectivos culturales, sindicatos y tantas personas anónimas que han apostado por una convivencia real. Esa Málaga no puede aceptar que se la represente con palabras que estigmatizan a una parte de su propia ciudadanía.
Por eso, desde la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga reclamamos algo muy concreto: una rectificación formal y explícita por parte del Pleno municipal. Hace falta reconocer el error, retirar el apoyo a un texto que criminaliza a las personas migrantes y comprometerse públicamente con un discurso que ponga en el centro los derechos humanos y la convivencia.
No podemos aceptar que se construya un “ellos” y un “nosotros” en una ciudad que ya es mestiza, plural y diversa. No dejemos que se instale la idea de que algunas vidas valen menos, de que algunos vecinos y vecinas son prescindibles o sospechosos por el lugar en el que nacieron o por los papeles que aún no tienen.
En las próximas semanas se jugará mucho del futuro de nuestra ciudad: Por un lado, un proceso de regularización que puede ampliar derechos, reducir la precariedad y reforzar el tejido social. Por el otro, un discurso institucional que empuja en sentido contrario. Desde Málaga Acoge, junto al resto de entidades de la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes, seguiremos defendiendo una Málaga que cuide su convivencia, que rechace el racismo, que mire a la cara a todas las personas que la habitan y les diga bien alto: aquí vivimos todas.
Estamos a tiempo de elegir qué ciudad queremos ser. Las instituciones tienen la responsabilidad de estar a la altura. La ciudadanía tiene la fuerza para recordárselo.
