La asociación felicita a la Junta de Andalucía por la apuesta realizada, pero solicita que se garantice su alcance a toda la población andaluza. Para ello, pide la derogación de la norma que dificulta el acceso al comedor de menores inmigrantes y corrija la injusta aplicación del salario social, que actualmente excluye a las personas inmigrantes.
Málaga Acoge, junto a la federación Andalucía Acoge, quieren felicitar a la Junta de Andalucía por la apuesta realizada por la igualdad social a través de la aprobación de un decreto de lucha contra la exclusión social en la comunidad autónoma que recoge iniciativas muy interesantes, según se ha ido conociendo estos últimos días. La federación se muestra muy satisfecha porque el gobierno andaluz haya tomado una postura decidida por situar la lucha contra le exclusión social en el centro de la agenda política de nuestro país, algo que entendíamos muy necesario en la situación actual.
Sin embargo, desde Málaga Acoge creemos que la puerta que ha abierto la Junta de Andalucía se ha quedado a medias porque las medidas contempladas no se realizan desde una óptica lo más inclusiva posible ni atienden a la riqueza y la diversidad de la sociedad andaluza. A nuestro juicio, las medidas que se contemplan en el anunciado decreto no pueden dar la espalda a la presencia de 358.895 personas de origen inmigrante que ya forman parte de la sociedad andaluza; y creemos que las líneas de actuación planteadas en este decreto deben ser diseñadas para alcanzar al mayor número de personas posible. De ahí que solicitemos la inclusión de diversos puntos en este nuevo decreto.
El primero es relativo a la seguridad alimentaria de los menores en Andalucía. Una de las medidas anunciadas contempla garantizar, a través de los comedores escolares, que todos los menores en Andalucía tengan, al menos, tres comidas diarias. Desde Málaga Acoge nos preocupa que, dependiendo como se implante esta medida, un buen número de menores de origen inmigrante se queden excluidos de la misma. A raíz de la aprobación de la Orden de 31 de julio de 2012 (Boja 156 de 09/08/2012) los menores escolarizados que tengan a uno de los miembros de su unidad familiar (mayor de 16 años) en situación administrativa irregular son excluidos de las bonificaciones para los servicios complementarios de la enseñanza (aula matinal, comedor escolar,…) lo que, en la practica, supone su exclusión total de estos servicios.
Se da así la paradoja de que muchos menores, pertenecientes a familias con escasos recursos, no se les permite disfrutar de este derecho -reconocido, por otro lado, en la normativa estatal para todos los menores- al carecer sus progenitores de NIE y tienen que iniciar, si cuentan con la información para ello, un tortuoso camino -a instancias de los propios centros educativos o acompañados de entidades sociales como la nuestra- para solicitar la revisión discrecional de su solicitud. Es más, esta exclusión que afecta a los menores de origen inmigrante en edad escolar se extendió, también, a la educación infantil. Así, en una instrucción de abril de 2012 la Consejería de Educación informa que aquellas solicitudes de plazas y/o bonificaciones en los centros de primer ciclo de la educación infantil que no estuvieran acompañadas por el DNI o NIE serian baremadas con 0 puntos, con las consecuencias que esto conlleva.
Es por ello que, en nuestra opinión, para que la medida de garantizar la seguridad alimentaria de todos los menores en situación de exclusión que viven en Andalucía sea efectiva, debería ir acompañada, paralelamente, de la derogación de la normativa antes señalada que dificulta el acceso a este derecho a una buena parte de los menores de origen extranjero que están en escolarizados. En ese sentido, hay que recordar que los menores inmigrantes tienen reconocido en la legislación a derecho a la educación que incluye explícitamente «el acceso al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles».
Por otro lado, la anunciada medida de acelerar la resolución de las solicitudes del «salario social» (Programa de Solidaridad, Decreto 2/1999 de 12 de enero) es, sin duda, una buena noticia que conllevará la modificación del decreto 2/1999. Esta es, en nuestra opinión, también una magnifica oportunidad para proceder a corregir la injusta aplicación actual de esta normativa que excluye a las personas inmigrantes. En efecto, desde su redacción original en 1999 la realidad social andaluza ha variado de forma importante y, sin embargo, en este caso no se ha procedido a adecuar la practica administrativa a la realidad social: así las personas inmigrantes que forman parte de la sociedad andaluza se han visto privadas de acceder a esta ayuda lo que, por otra parte, contraviene la normativa estatal existente (art. 14.2 LOE 4/2000) que reconoce a todas las personas inmigrantes en situación regular el derecho a acceder a las ayudas específicas de los Servicios Sociales en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Y se han dado casos en que aun siendo el solicitante de esta ayuda de nacionalidad española, si en su unidad de convivencia se encontraba una persona inmigrante en situación irregular se ha procedido a la denegación. Para que esta medida tenga el carácter más inclusivo posible pensamos que, al menos, es indispensable que se reconozca el derecho de las personas inmigrantes en situación administrativa regular a acceder a la misma y que, de igual forma, no se penalice la presencia en la unidad de convivencia de personas en situación administrativa irregular. También les invitamos a considerar, de cara al futuro más inmediato, que este Programa pueda ampliarse a cualquier persona empadronada en Andalucía, independientemente de su situación administrativa. Si dentro del decreto se articulan nuevas ayudas y/o programas de rentas ciudadanas es necesario que se tenga presente que las personas inmigrantes son un elemento más de la sociedad andaluza.
Por todo ello, Málaga Acoge y las entidades que forman la federación Andalucía Acoge, subrayamos la necesidad de abordar la lucha contra la exclusión social desde una concepción de la ciudadanía inclusiva. Además, creemos que si bien es necesario que se tomen medidas como las contempladas en este decreto, más necesario aún es que se apruebe la Ley de Inclusión Social en Andalucía, que fue una de las primeras víctimas de la crisis y que lleva aparcada varios años.
