Sin protección en la frontera

El texto “Sin protección en la frontera”, de Nuria Ferré, constituye la segunda entrega de nuestra sección “Otras voces” , un espacio de comunicación y análisis sobre los temas de actualidad que más preocupan a Málaga Acoge

por Nuria Ferré

La Frontera Sur española constituye desde hace varios años una de las puertas de entrada a la Unión Europea para un número importante de refugiados y migrantes. Más allá de la imagen que más solemos ver de personas saltando la valla, en la frontera de Nador-Melilla, ocurren otras muchas situaciones que son dignas de atención desde un punto de vista de respeto a los derechos humanos.

En primer lugar, Nador, situado a tan sólo 20 minutos de Melilla, alberga a un importante número de personas de origen subsahariano que malviven escondidas en asentamientos en bosques mientras aguardan una oportunidad para poder cruzar la frontera. Las Fuerzas Auxiliares Marroquíes (FAM) constantemente asaltan y arrasan estos campamentos con el objetivo de trasladarles a la frontera con Argelia o al desierto. Ante una frontera cada vez más hermética, el tiempo de estancia en los bosques puede llegar a alargarse hasta alcanzar un año de duración. Es la última parada para multitud de personas que, después de haber cruzado varios países y el desierto a pie, malviven esperando la oportunidad de poder llegar a España, muchos de ellos para poder solicitar protección internacional al estar huyendo de situaciones de conflicto.

“Lo peor del bosque es el miedo con el que vivimos. Tememos a la Policía. Hay mujeres y niños. Todo lo que vivimos en el bosque va a ser imposible de olvidar. Este miedo es lo peor de mi estancia en Marruecos, pero mantengo la esperanza. Si he conseguido sobrevivir a los tuareg, puedo sobrevivir en el bosque. Intento despertarme animado” (Pierre, Camerún).

Una situación particularmente preocupante es la de las mujeres víctimas de trata de personas. La mayoría de ellas de origen nigeriano, son captadas en contra de su voluntad y sometidas a malos tratos y violaciones, durante el tránsito y una vez llegan a Marruecos.

El cruce de la frontera es prácticamente imposible: si se trata de una persona de origen subsahariano, las FAM se encargan de detenerles antes de que lleguen incluso a acercarse al perímetro fronterizo; si se trata de personas de cualquier otra nacionalidad, al llegar al puesto fronterizo internacional de Beni Enzar, han de pagar a las mafias y pasadores para, haciéndose pasar por ciudadanos marroquíes, poder cruzar la frontera.

“Traté de pasar a Melilla andando por el puesto fronterizo de Farjana, pero la Policía española me empujó hacia Marruecos. Lo intenté entonces por la zona de los coches. Finalmente pasé corriendo. Antes lo había intentado por Beni-Enzar (tanto con pasaporte marroquí como con pasaporte sirio), ahí fue Marruecos quien no me dejó salir” (Issa, Siria).

Uno de los problemas derivados de estas dificultades, es que muchas familias se ven obligadas a cruzar de manera separada, dejando a sus hijos en manos de los pasadores. Una vez llegan a España, los niños aparecen solos y son llevados a centros de acogida de menores, mientras sus padres han de residir en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), hasta que se acredita el parentesco mediante pruebas de ADN (se les realiza estas pruebas pese a que aportan pasaportes y libro de familia).

Otras alternativas de cruce son: camuflados en coches, por mar o saltando la valla. En este sentido, desde abril de 2015, el Gobierno de España ha legalizado las devoluciones en caliente, práctica contraria a numerosas disposiciones legales internacionales, comunitarias e incluso nacionales, y que ha sido denunciada por organismos como ACNUR o el Consejo de Europa. El Gobierno español devuelve automáticamente, sin identificar ni dar la posibilidad de ser oído o solicitar asilo, a las personas que saltan la valla, sabiendo que en Marruecos todas ellas probablemente sean devueltas al desierto tras ser agredidas, tal y como atestiguan las organizaciones de ayuda humanitaria que atienden a este colectivo.

Una vez en España, se puede acceder a las oficinas de asilo si se quiere formalizar una solicitud de protección internacional. Desde que estas oficinas fueron abiertas, no se ha registrado ni una sola solicitud de personas de origen subsahariano.

Tras todo esto, las personas migrantes y refugiadas acceden al CETI donde aguardan hasta que son trasladadas a la Península. El CETI, que carece de un reglamento que regule la estancia de sus residentes, ha sobrepasado su capacidad de ocupación en muchas ocasiones. Asimismo, dentro del centro, las familias han de residir de manera separada. Tampoco existe ningún procedimiento sancionador, o información adecuada sobre los derechos y deberes que tienen los residentes.

“Mi mujer comparte habitación con otras tres personas. Tiene una cama para ella sola y para el bebé. Yo duermo en una gran habitación con literas. Hay mucha gente dentro del CETI. Muchos a los que ya no le queda dinero. El CETI está sucio. Y hay mucho ruido. Todo esto se hace más difícil de soportar si encima tienes un bebé” (Fuad, Siria).

Lo que sin duda afecta más a los residentes es el desconocimiento de la fecha de traslado a la Península. Tras pasar por el entusiasmo de haber conseguido llegar a España, su ánimo poco a poco va decayendo al ver que pasan las semanas y no son trasladados, sin poder así empezar sus planes para integrarse en la sociedad de acogida o acceder a un sistema educativo para sus hijos.

“La estancia en el CETI está bien pero mi única inquietud es la salida. Creo que estoy aquí aun porque creen que soy camerunés y he mentido. No entiendo porque todos los de mi patera ya han salido y yo y otros dos de ese mismo día todavía no. Nadie me dice nada. Y además veo como los sirios van entrando y saliendo sin pasar apenas tiempo en el CETI, pero yo no” (Ludo, Camerún).

El informe trata de abordar todos estos temas, y finaliza con una serie de recomendaciones, entre las que destacan: derogar la disposición del rechazo en frontera, no separar a las familias cuando llegan a España, o aprobar un Reglamento del CETI, entre otras muchas.

Nuria Ferré es coautora del informe Sin protección en la frontera. Derechos Humanos en la Frontera Sur: entre Nador y Melilla del Servicio Jesuita a Migrantes España y el Instituto Universitario de Estudios Sobre Migraciones. (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas.

Ilustración: Rafael Comino, del proyecto Artistas Acoge.

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