Muertes en las fronteras: ¿hay responsabilidad criminal?

Con el texto titulado“Muertes en las fronteras: ¿hay responsabilidad criminal? , de Miguel Pajares, estrenamos la sección “Otras voces” , un espacio de comunicación y análisis sobre los temas de actualidad que más preocupan a Málaga Acoge. Concebido como una plataforma de exposición de ideas e intercambio de información, se va nutriendo de artículos de reflexión escritos por autores, tanto vinculados a la entidad como de organizaciones independientes o institucionales, que pretenden con sus escritos fomentar el debate y causar una transformación en la sociedad. 

por Miguel Pajares

La pregunta que da título a este artículo puede hacerse para distintos lugares y momentos, y a distintas escalas. La mayor y más actual es, sin duda, el mar Mediterráneo, frontera natural que separa esta Europa nuestra en la que se encuentran los países de mayores ingresos,  y el continente que tiene los de menores ingresos del mundo. También nos separa de los países de Oriente Medio, el Cuerno de África y otros, en los que se congregan los conflictos bélicos más activos. En este Mediterráneo convertido en gran perímetro fronterizo murieron en 2016 más de cinco mil personas que trataban de llegar a algún país europeo. Niñas, niños, mujeres, hombres que querían llegar a Europa, fueron engullidos por un mar que se ha convertido ya en la mayor fosa común que jamás haya existido. Y la pregunta que aquí nos hacemos es: ¿hay alguien responsable de esas muertes?

Si prestamos crédito a lo que dicen, no sólo las organizaciones internacionales como el ACNUR o la OIM, sino también la propia policía europea de fronteras (FRONTEX), el 85% de las personas que cruzan o tratan de cruzar irregularmente las fronteras para entrar en la UE proceden de países en guerra. Siendo ello así, esas personas son refugiadas. Recordemos que la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951 denomina refugiada a la persona que cumple dos condiciones: haber huido por alguna de las causas que la propia Convención establece y encontrarse fuera de su país. Es decir, hay que denominarlas refugiadas, aunque no hayan llegado todavía a un país que les dé asilo. Esto es importante,  porque a las personas refugiadas les asiste el derecho a solicitar asilo en cualquier país firmante de la Convención. Es cierto que tal Convención no incluyó a las personas que huían de una guerra, pero esta carencia ha sido subsanada por normativas posteriores. En Europa, la Directiva 2011/95/UE garantiza la protección subsidiaria a quienes no cumplen los requisitos para ser considerados refugiados, pero “si fueran devueltos a su país de origen o a su antiguo lugar de residencia habitual, correrían un riesgo real de sufrir daños graves […] contra la vida o la integridad física, motivados por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno”. (Artículo 15-c de la directiva). Por tanto, las personas que huyen de guerras tienen el mismo derecho a la protección que las que huyen de las persecuciones mencionadas en la Convención de 1951.

Pero el hecho es que los países de la UE están denegando sistemáticamente el visado de entrada a las personas que huyen de los actuales conflictos bélicos; y, sin embargo, esa entrada es necesaria para solicitar asilo, ya que la posibilidad de solicitarlo en embajadas está prácticamente desaparecida. Éste es el embrollo que lleva a los refugiados a pagar ingentes cantidades de dinero a las mafias para poder montar en las barcazas que les ofrecen y tratar de alcanzar una costa europea. Podemos decir, por tanto, que las muertes que se producen en el Mediterráneo tienen cierta relación causa-efecto con el hecho de que los gobiernos europeos están incumpliendo tanto los tratados internacionales como sus propias directivas (las leyes de la UE). De modo que la reflexión sobre si hay una responsabilidad criminal de los gobiernos en esas muertes es pertinente.

A otra escala, hay además unas muertes concretas que se derivan de actuaciones policiales en las fronteras. En la frontera sur del Estado español hay bastantes ejemplos de muertes producidas cuando la policía ha reprimido algún intento de entrada de las personas inmigrantes o refugiadas. Citaremos sólo dos porque no disponemos de mucho espacio en este texto. El 8 de septiembre de 2005 murieron varias personas (cinco, dijo el gobierno español) por disparos de bala cuando trataban de saltar la valla de Ceuta. El gobierno marroquí dijo que los disparos los hizo la Guardia Civil española, y el español dijo que los había hecho la policía marroquí. Pero el hecho es que no llegó a dirimirse quién había realizado los disparos, porque esas muertes no llegaron a tener un juicio en el que se establecieran las responsabilidades. El segundo ejemplo son las 15 muertes del Tarajal del 6 de febrero de 2014, producidas cuando un grupo de inmigrantes y refugiados trataban de llegar a nado a la playa de Ceuta. Los informes disponibles dicen que las pelotas de goma disparadas por parte de la Guardia Civil rompieron sus precarios flotadores y esa fue la causa principal de las muertes. En este caso se abrió una instrucción judicial pero tampoco ha llegado a juicio. Esto son sólo dos ejemplos, pero lo cierto es que ninguna muerte producida por actuaciones policiales en la frontera sur del Estado español, sean de la Guardia Civil o de la policía marroquí, ha sido jamás juzgada. Parece que se diluya, hasta casi desaparecer, el Estado de derecho cuando se aproxima al perímetro fronterizo.

Si existe una responsabilidad criminal en las muchas muertes que continuadamente están produciéndose en el mar y en torno a las vallas fronterizas no será fácil saberlo. Y no lo sabremos porque no hay visos de que tal responsabilidad vaya a acabar depurándose en el marco judicial. Son muertes que nuestro sistema de justicia no aclara; como si no merecieran la atención de nuestro Estado de derecho. Pero esto es algo que degrada este Estado de derecho y mancilla nuestra democracia. Es algo que no deberíamos consentir, porque es propio de sistemas autoritarios de gobierno y, cuanto más lo consistamos, más nos acercaremos a ellos.

Miguel Pajares es autor de las novelas  Aguas de venganza ( 2017), Cautivas (2013) y La luz del estallido (2015), así como de varios libros de ensayo y numerosos artículos centrados en temas como la inmigración, el asilo, los derechos humanos o la lucha contra el racismo. Doctor en Antropología Social e investigador en el Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Social de la Universidad de Barcelona. Presidente de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

La imagen que ilustra el texto es de David Moreno, autor del proyecto Artistas Acoge.


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